Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible

Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible
e) La transparencia debe contribuir al diálogo y asegurar la evaluación de los pactos
La participación y rendición de cuentas, así como la necesidad de agencia (es decir, de participar para incidir),
requiere la transparencia como condición previa. Dentro de este contexto amplio de deliberación y confrontación
de propuestas que supone la concertación de un pacto social, la información debe estar disponible para todas las
partes que participan en la negociación de un pacto para la igualdad. La disponibilidad de estadísticas amplias y
confiables abre espacios para acercar interpretaciones de los problemas existentes y facilitar la convergencia de
diagnósticos. En situaciones con estadísticas débiles o inexistentes se reduce considerablemente el marco de referencia
común del proceso de negociación. Las estadísticas también permiten monitorear y evaluar el cumplimiento de
los acuerdos, en particular la medición de los avances en la realización progresiva de los derechos (Fukuda-Parr,
Lawson-Remer y Randolph, 2009). Resulta significativo que en el diálogo político sobre los derechos y demandas
de las mujeres, entre las primeras acciones acordadas en varios países destaca la de dar visibilidad estadística
—y con ello visibilidad política— al lugar que ocupan las mujeres en la economía. Cada vez más países cuentan
con encuestas de uso del tiempo y cuentas satélites de hogares para dar cuenta del trabajo total (remunerado y
no remunerado) de hombres y mujeres.
Además, la realización de estudios técnicos por expertos que cuenten con amplia credibilidad, así como
su difusión y debate, pueden ampliar la participación en los procesos de consulta y negociación, así como los
espacios sujetos a acuerdos. De esta manera es posible flexibilizar las posiciones de actores con poder de veto.
En la medida que los estudios y la deliberación contribuyan a un amplio proceso de aprendizaje colectivo, puede
generarse cierta flexibilidad o fluidez de las posiciones de las partes, lo que facilitará su convergencia. El acceso
expedito y amplio a información generada por los gobiernos, que en varios países de la región ya se ha propiciado
mediante leyes de acceso a la información pública e instituciones de transparencia, también contribuye a un
proceso amplio de deliberación y diálogo que puede conducir a acuerdos. La implementación de una estrategia
de comunicación convenida con voceros acordados, como parte del proceso de negociación y seguimiento, puede
también favorecer el cumplimiento.
f) Deben existir garantías de cumplimiento
Para evitar que los pactos sociales devengan letra muerta por la no ejecución de los cambios convenidos y
asegurar la permanencia de relaciones de cooperación de largo plazo entre las partes se requieren ciertas garantías
de cumplimiento. Un punto de partida es el respeto de los derechos civiles y políticos (libertades de conciencia,
expresión, reunión, manifestación y asociación, el derecho de petición, el derecho a votar, a formar partidos políticos
y a aspirar a cargos electivos y a otros cargos públicos en igualdad de condiciones) de los participantes, para asegurar
la evaluación y el control independientes de las obligaciones acordadas (CEPAL, 2007, pág. 156). Este respeto de los
derechos es parte del ejercicio de ciudadanía, uno de los fundamentos de los pactos sociales.
También es recomendable establecer espacios y mecanismos de denuncia y de evaluación ante los incumplimientos,
así como de solución de controversias. Del mismo modo, se debe asegurar la transparencia necesaria para contar
con la información de base que permita evaluar los avances o atrasos, y desarrollar instrumentos que permitan
detectar incumplimientos, como los ya mencionados indicadores estadísticos de la realización progresiva de los
derechos (Courtis y Espejo, 2007). El papel de la voz, en el sentido utilizado por Hirschman, es fundamental en
este contexto.
Entre los arreglos institucionales para contribuir al cumplimiento, cabe considerar la designación de una agencia
responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento del pacto, con el correspondiente apoyo presupuestario.
Como posible recurso, existe la opción de acudir a instancias judiciales para reclamar el incumplimiento de obligaciones
asumidas como parte de un pacto social, pero las características de los procesos judiciales, que están estructurados
sobre la base de una confrontación entre dos partes antagónicas, resta capacidad para considerar la totalidad de
intereses en juego, y al sustituir la función política de formulación y cumplimiento de políticas, introduce rigideces
que amenazan la factibilidad de pactos sociales con carácter relacional, que buscan establecer una relación de
cooperación —y no de confrontación— de largo plazo entre las partes.
Capítulo VII
319