CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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‣ Razones que justifican la tesis de unificación
Las principales razones en las que se fundamenta esta sentencia de
unificación, son las siguientes:
Los actos administrativos proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria, hacen parte del ius puniendi.
La función disciplinaria constituye una manifestación de la potestad
sancionadora del Estado (ius puniendi), en la vertiente denominada
derecho administrativo sancionador 17 , el cual se desdobla en tres
modalidades: (i) Contravencional 18 . (ii) correccional 19 . (iii) Disciplinaria.
La potestad disciplinaria se dirige a los servidores públicos o
particulares sujetos a la ley disciplinaria que incurren en violación de
deberes, incursión en prohibiciones, vulneración del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades o de conflicto de intereses y como
toda actividad de orden estatal, está sujeta a límites constitucionales y
legales que se erigen en barreras de contención a fin de mantenerla
dentro de los límites propios de la racionalidad y la dignidad humana,
proscribiendo los excesos en la punición 20 .
De ahí que no pueda sostenerse válidamente que existe una limitación
al juez de lo contencioso administrativo frente a su competencia para la
revisión de la legalidad y constitucionalidad de la actuación de las
17
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-762 de 2009 se refirió al mismo como “[…]
una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción
o ius puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir, a
los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos […]”. De allí se precisan dos vertientes,
a) el derecho penal delictivo y b) el derecho administrativo sancionador, en el cual se involucra el
contravencional, el disciplinario y el correccional.
18
En cuanto sanciona diversas conductas a las cuales la ley les ha dado un carácter y reproche
inferior que no amerita enlistarlas en tipos penales, a título de ejemplo, en los códigos de tránsito y
de policía.
19
Referida a las infracciones a ciertos deberes de orden ciudadano o procesal que deben ser
atendidos so pena de represión y sanción por parte de algunos funcionarios, v. gr., las previstas en
los diversos códigos procesales como poderes de los jueces y que conllevan sanciones pecuniarias
o de arresto (CGP Art. 44).
20
Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal, Magistrado Ponente José Leonidas Bustos
Martínez, veintisiete de febrero de dos mil trece. Casación 33.254 Daniel Fernando Angulo Gómez.
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