CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

popular al Senado de la República. Adviértase que en este caso quien presentó
la tutela, si bien fue elegido por voto popular directo, no integraba el Congreso
de la República y ya arriba se señalaron los motivos por los cuales esta última
institución representa piedra de toque del Estado democrático y pluralista –
artículos 1º y 3º C.P.– al reunir en su seno a la mayoría y a las minorías, lo que
la distingue, con nitidez, de aquellas instituciones a las que se accede,
únicamente, por el respaldo de la mayoría, como es el caso, entre otros, de las
alcaldías.
Al margen de lo anterior, en la aludida ocasión la Sala consideró que la tutela
impetrada por el entonces alcalde de Bogotá, Petro Urrego, no era procedente.
Cierto es que lo relativo a la competencia de la Procuraduría para destituir
funcionarios elegidos por voto popular se discutió e, incluso, en el texto de la
sentencia se incluyó un largo aparte sobre el punto, a mi modo de ver, de manera
equívoca. Sin embargo, al respecto no se adoptó decisión alguna. El aparte
introducido en la sentencia, aunque desafortunado, pues da lugar a
malentendidos, resulta claro cuando sostiene –se destaca–: -
El proyecto inicialmente presentado a consideración de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, traía resuelto el aspecto de
la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en los
términos que a continuación se resumen:
Se constata, entonces, que la extensa reseña de un proyecto que no fue
aprobado por la Sala y cuyo contenido el fallo solo sintetiza obiter dicta,
difícilmente puede tenerse como un pronunciamiento de fondo sobre la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para destituir funcionarios
elegidos al Congreso de la República, por voto popular. Además, la decisión
adoptada por la Sala en la aludida oportunidad tuvo que ver con la
improcedencia de la acción de tutela por existir medidas cautelares frente a actos
administrativos, así que el tema de la competencia resultaba irrelevante.
Con todo, si es cierto que la Sala ha debatido en otras oportunidades sobre
la competencia de la Procuraduría para destituir funcionarios de elección popular
y ha deliberado entorno a la misma, acerca de ese extremo no ha adoptado
decisión alguna, pues el tema no ha sido sometido a votación. De modo que, al
respecto, no existe decisión de fondo que se constituya en antecedente o
80