CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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5. Adujo que las leyes de procedimiento penal colombiano -Ley 600 de
2000 y 906 de 2004- contemplan respectivamente un libro especial
que consagra todo lo relacionado con las autoridades extranjeras y
la cooperación internacional en materia judicial. Concretamente, se
indicó que el artículo 499 de la Ley 600 de 2000 disponía que la
legislación que regulaba lo concerniente a las relaciones con
autoridades extranjeras, en materia judicial, era la prevista en los
instrumentos internacionales y subsidiariamente en el ordenamiento
jurídico interno.
6. Señaló que el 18 de diciembre de 1996, los Estados de Colombia y
Ecuador suscribieron convenio de cooperación judicial y asistencia
mutua en materia penal, el cual fue convertido en ley de la República
bajo el número 519 del 4 de agosto de 1999 y declarado exequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-206 de 2000 62 . Estimó la
Corte Suprema, que en dicho convenio se encuentran las reglas
básicas que el Estado colombiano debe observar en materia de
recaudo de pruebas en territorio ecuatoriano.
7. Afirmó que la práctica de inspecciones y el acopio de elementos de
conocimiento en desarrollo de la “Operación Fénix” en territorio
ecuatoriano, por parte de autoridades desprovistas de facultades de
policía judicial y bajo la inobservancia de las reglas previstas en el
acuerdo internacional en mención, torna en ilegal cualquiera de estas
pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del
artículo 29 de la Constitución Política.
8. Enfatizó en que ninguna autoridad colombiana tiene competencia o
está facultada para practicar en el extranjero inspecciones y recoger
elementos materiales de conocimiento, por fuera de los mecanismos
de la cooperación internacional y la asistencia judicial.
9. El principio de la legalidad de la prueba es consustancial con las
garantías judiciales, entendidas como el conjunto de procedimientos
dispuestos por la ley con el propósito de asegurar la vigencia de los
derechos fundamentales. Es parte del derecho al debido proceso
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MP. Fabio Morón Díaz.
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