CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Expediente nº.11001-03-25-000-2011-00316-00
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz
Aclaración de voto
El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución prescribe que el Procurador
General de la Nación ejerce la vigilancia superior de los servidores públicos de
elección popular. En desarrollo de esta norma, el artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002 establece que el Procurador General de la Nación tiene la facultad de
sancionar con destitución del cargo e inhabilitación a los servidores públicos de
elección popular cuando incurren en faltas disciplinarias, a título de dolo o culpa
gravísima y el artículo 7.21 del Decreto Ley 262 de 2000 dispone que conoce,
en única instancia, de los procesos disciplinarios contra los congresistas.
2. El artículo 9 de la Constitución prevé que el Estado reconoce los principios de
derecho internacional. Los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ordenan
al Estado cumplir los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda, y le
prohíben invocar disposiciones de derecho interno para incumplir los tratados
internacionales. Mediante la Ley 16 de 1972 se aprobó la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
3. El artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que la ley puede reglamentar el derecho político a elegir y ser elegido
exclusivamente por condena, por juez competente, en proceso penal. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 1 de septiembre de
2011 (Caso Leopoldo López vs Venezuela), fijó el alcance de este artículo al
advertir que una autoridad administrativa no tiene competencia para privar a los
servidores públicos de elección popular del derecho a ser elegidos.
4. El Consejo de Estado como juez de convencionalidad es competente para
inaplicar las normas nacionales contrarias a los tratados internacionales de los
que es parte Colombia, conforme al artículo 9 de la Constitución que impone al
Estado el deber de actuar según los principios de derecho internacional y al
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a
los organismos estatales a tomar las medidas necesarias para garantizar el
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