CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Expediente nº.11001-03-25-000-2011-00316-00
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz
Aclaración de voto
7. Al descender al caso, se advierte que, fuera de toda discusión, el numeral 6
del artículo 277 de la Constitución y los artículos 44.1 de la Ley 734 de 2002 y
7.21 del Decreto Ley 262 de 2000 autorizan al Procurador General de la Nación
para sancionar con destitución e inhabilidad a la exsenadora Piedad Córdoba.
Sin embargo, estas normas de derecho interno son contrarias a lo dispuesto por
el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la
sanción fue impuesta por una autoridad disciplinaria y por razones diferentes a
actos de corrupción.
Ahora bien, como se dijo, el artículo 9 de la Constitución y los artículos 26 y 27
de la Ley 32 de 1985 obligan al Estado colombiano a cumplir con el artículo 23.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, las
mencionadas Leyes 412 de 1997 y 970 de 2005 prevén la necesidad de imponer
sanciones disciplinarias a los servidores públicos responsables de actos de
corrupción, en cumplimiento de las convenciones internacionales sobre la
materia de las que es parte el Estado colombiano.
Como el acto de destitución e inhabilitación contra la exsenadora Piedad
Córdoba no tuvo fundamento en conductas de corrupción, se imponía inaplicar
el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución y los artículos 44.1 de la Ley 734
de 2002 y 7.21 del Decreto Ley 262 de 2000, que facultan al Procurador General
de la Nación para restringir el derecho a ser elegida de la demandante, pues son
contrarios al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
8. En consecuencia, el Consejo de Estado, como juez de convencionalidad,
debió inaplicar por inconvencionales las mencionadas normas nacionales y
anular el acto sancionatorio del 27 de septiembre de 2010 y su confirmatorio del
27 de octubre de 2010, que destituyeron e inhabilitaron a la demandante.
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