CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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legal, porque sólo a través de medios de prueba puede justificarse
una imputación punible, con potencialidad para determinar la
restricción de la libertad, o en todo caso, para separar lo justo de lo
injusto.
10. La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el
cual debe ser excluida, tal y como lo indica el artículo 29 de la
Constitución Política.
11. A lo anterior se agrega que los llamados “correos electrónicos” de
“Raúl Reyes” en realidad corresponden a una serie de archivos en
formato Word, es decir, archivos estáticos, sin prueba alguna de que
hubiesen sido insertados en un navegador o red de transmisión de
datos, con un origen y destino localizable.
12. En estos términos la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, concluyó que la inspección que se hizo en territorio
ecuatoriano, en desarrollo de la “Operación Fénix”, no fue consultada
con las autoridades de ese país, desatendiendo el debido proceso
que gobierna la producción de pruebas en el exterior, razón por la
cual, a su juicio, es imperativo señalar que el contenido demostrativo
de los elementos recopilados es ilegal y en consecuencia, debían
excluirse del proceso que se adelantaba contra el ex congresista
Wilson Alfonso Borja Díaz.
Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
"[…] La naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos derechos hace
que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también
a ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es
el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo
disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de coacción
represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal se
predican también del disciplinario". (Sentencia T-438 del 1 de julio de 1992.
Ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz).
Ahora bien, la Corte Constitucional en diversas sentencias ha resaltado
la naturaleza administrativa del proceso disciplinario ejercido por la
Procuraduría General de la Nación y por tanto, ello reafirma el control
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