CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

al régimen disciplinario que afecta el acceso a los cargos públicos a la luz del
artículo 40 C.P. –se destaca–.
En el numeral primero del orden expositivo la Corte abordó el tema de la
potestad disciplinaria del Estado y concluyó:
Así las cosas, debe afirmarse que el derechos disciplinario pretende
garantizar la obediencia, la disciplinar y el comportamiento ético, la
moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a
asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su
cargo, cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo
209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a
sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría
imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de ‘igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad’ a que hace referencia la norma
constitucional.
Prosiguió el desarrollo de las consideraciones con el numeral segundo,
“principio de legalidad como elemento estructural del Estado Social de Derecho,
fundamental el ejercicio de la potestad disciplinaria”. Lo sustentó en lo
establecido por los artículos 1º; 6º y 121 constitucionales y concluyó:
En dicho contexto, el poder de corrección del Estado sobre sus
servidores se explica en la necesidad de mantener la dirección y
control de las distintas tareas que deben cumplir, para conservar el
orden y alcanzar los objetivos impuestos en el ejercicio de sus
actividades.
La potestad disciplinaria, entendida como la facultad para corregir
las fallas o deficiencias provenientes de la actividad de los
servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a
proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por
incumplimiento delas directrices fijadas en la ley, con ella se evita
que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera
negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general
que debe orientar las actuaciones estatales.
En el numeral tercero de los considerandos, se refirió a “la facultad con que
cuenta el legislador para establecer un régimen de inhabilidades como
sanciones disciplinarias”. Al momento de abordar el asunto, sostuvo la Corte –se
destaca–:
En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se
opone realmente a que los legisladores internos establezcan
sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal
o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras
a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la
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