CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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del debido proceso, dado que fueron conseguidas en territorio
extranjero con desconocimiento del tratado internacional suscrito entre
Colombia y Ecuador sobre cooperación judicial. En efecto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la
investigación penal, que en su momento conoció en contra del señor
Wilson Alfonso Borja Díaz, consideró, en resumen, lo siguiente:
1. Una vez analizado el expediente debía concluirse que todo lo
referente a la supuesta relación entre el ex congresista Borja Díaz y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, surgía a
partir del contenido de los archivos electrónicos de “Raúl Reyes”
hallados en desarrollo de la “Operación Fénix” en territorio
ecuatoriano. Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia
precisó que la referida operación debía ser considerada en una doble
dimensión: i) de una parte la político-militar y de otra ii) la judicialprobatoria.
2. Centrada la Sala Penal de la Corte en la perspectiva judicialprobatoria,
señaló que los archivos electrónicos de “Raúl Reyes”
fueron encontrados en 9 elementos de ordenación de datos, entre
computadores, discos duros y dispositivos USB, en la República del
Ecuador, por el Comando de Operaciones Especiales “COPES” de
la Policía Nacional de Colombia.
3. Añadió que las Fuerzas Armadas de Colombia, en el marco de la
“Operación Fénix”, ejercieron poderes de policía judicial que no
tenían. Registraron lugares y recogieron elementos materiales de
conocimiento, que luego ingresaron al país. Ello implicó desatención
de la cooperación judicial, al pasar por alto que las pruebas
provenientes del exterior no son ajenas al principio de legalidad y
con ello se vulneró el debido proceso.
4. Explicó que el orden jurídico de un Estado solo encuentra validez en
el ámbito espacial definido por su Constitución y las leyes, razón por
la cual y para el caso colombiano, sólo en el evento en que sus
agentes cuenten con la anuencia de otro Estado y se sigan las reglas
dispuestas por los tratados y convenios internacionales, pueden
producirse pruebas en forma legal o legítima más allá de sus
fronteras.
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