CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

propósitos específicos: i) luchar contra la corrupción y ii) defender el patrimonio
público, conductas éstas que tendrían que haber sido demandadas.
En el caso de autos, ninguno de los reproches elevados contra la ciudadana
Piedad Córdoba Ruíz se relacionó con el delito de corrupción, como tampoco se
le reprochó a la Senadora atentar contra el patrimonio público. Vale decir, si la
Sala consideró, como expresamente lo admitió, que la sentencia C-028 de 2006
constituye precedente constitucional en relación con la competencia del
Procurador General de la Nación para destituir funcionarios elegidos por voto
popular, tendría que haberle dado la razón al apoderado de la parte demandante,
pues a la ciudadana Córdoba Ruíz no se le imputó haber incurrido en las
mencionadas conductas y, no siendo así, el jefe del Ministerio Público no podía
destituirla. En fin, tendría la Sala que haber establecido que el cargo por
incompetencia estaba llamado a prosperar.
I. No existe cosa juzgada constitucional sobre la competencia del
Procurador General de la Nación para destituir funcionarios
elegidos por voto popular, para integrar el Congreso de la
República. Si en gracia de discusión se admite un
pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional sobre el
punto en la sentencia C-028 de 2006, este fallo avaló la
competencia para destituir funcionarios únicamente cuando
media sentencia penal debidamente ejecutoriada por
desconocimiento de normas que buscan contrarrestar la
corrupción o proteger el patrimonio público
Como fue expuesto ante el pleno de la Sala, no puede sostenerse que lo
relativo a la competencia del Procurador para destituir funcionarios elegidos al
Congreso de la República por voto popular fue resuelto por la jurisprudencia
constitucional, como tampoco que alguna decisión de esta corporación sobre el
punto constituya precedente que se deba respetar. Para el efecto consideramos
pertinente tener en cuenta lo resuelto por la Corte en la sentencia C-028 de 2006.
1. La sentencia C-028 de 2006 de la Corte Constitucional
Comenzaremos el análisis, recordando cuál fue el contenido de la demanda.
Para los actores, el numeral 1º del artículo 44; el literal d del artículo 45 y el inciso
1º del artículo 46 de la Ley 734 del 2002 vulneran los artículos 13, 40, 93 de la
Carta Política y 23 de la CADH. Sostuvieron en sus cargos los demandantes que
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