CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
no pasa por alto que tanto la Corte Constitucional como la Corte
Suprema de Justicia, han sostenido que la ilegalidad o ilicitud de una
prueba no conlleva per se a la nulidad del proceso judicial dentro del
cual ha sido considerada. En efecto, las referidas corporaciones
judiciales han señalado que sólo en el evento de que la prueba ilegal o
ilícita sea crucial o determinante en la decisión puede declararse por
parte del juez la nulidad del respectivo proceso 64 .
Ahora bien, como quiera que en el caso concreto la Procuraduría
General de la Nación en los actos sancionatorios aludió a pruebas
distintas a las practicadas y recaudadas en el marco de la “Operación
Fénix”, como sustento adicional de la sanción disciplinaria impuesta,
debe la Sala estudiar la incidencia de las mismas a fin de determinar si
son suficientes para proferir los actos administrativos acusados, lo cual
se sintetiza en el tercer problema jurídico. Veamos:
En este sentido, la Procuraduría General de la Nación precisó en el acto
administrativo sancionatorio respecto de las demás pruebas obrantes
en la investigación lo siguiente:
“[…] si bien estos elementos estaban directamente relacionados con la
formulación del segundo cargo ellos se tornaban en indicios relevantes que
confirmaban de manera más diciente y categórica que la senadora Piedad
Córdoba siempre tuvo plena disposición para querer al grupo armado ilegal
de las FARC, así como colaborar con algunos miembros. […]”.
a) Registros periodísticos.
Las pruebas calificadas como indicios por la Procuraduría, son registros
periodísticos que se sintetizan en la siguiente tabla:
Hechos relevantes para el proceso
Simposio “Los partidos políticos y una
nueva ciudad” celebrado el 11 de marzo de
2007 en la ciudad de México. (f. 73 del
cuaderno n.º 1)
Contenido según el acto sancionatorio
Invitó a los gobiernos progresistas de
Latinoamérica a romper relaciones
diplomáticas con Colombia.
64
Corte Constitucional. Sentencias C-372 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía y SU-159 de 2002 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 12231, M.P: Fernando E. Arboleda Ripoll,
Aprobado Acta No.103, 16 de junio de 2000.
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