CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

a plenitud, es que no contraríen la Constitución, de manera que sólo
deberán acatarse aquéllos que no vulneren sus preceptos.
Lo expresado resulta relevante en la medida en que no le corresponde a la
Corte restar el carácter preeminente a los pactos internacionales sobre derechos
humanos que prohíben su limitación en los estados de excepción. En pocas
palabras, puestos en el bloque de constitucionalidad junto con otros tratados
internacionales, la Corte necesariamente debe reconocer la primacía en el orden
jurídico interno de los “convenios internacionales sobre derechos humanos que
prohíben su limitación en los estados de excepción”; esto es, no le es dable
ingresar a todos los tratados internacionales, con independencia de su
contenido, sin distinción alguna, al bloque de constitucionalidad.
No se conoce, pues no se cuenta con explicación alguna, el porqué de la
reducción de los alcances del artículo 93.1 C.P. respecto de “los tratados
internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados
de excepción” a los que la norma ordena conferirles lugar preeminente en el
ordenamiento jurídico interno.
Con todo, si en vista de una interpretación armónica y sistemática de los
preceptos constitucionales que buscaba poner a salvo la contradicción existente
entre el artículo 277.6 C.P. y 23 CADH, a la luz del artículo 93.1 C.P., se toman
normas contempladas en tratados internacionales que carecen de la jerarquía
que tienen los tratados sobre derechos humanos que no admiten limitación en
estados de excepción, el razonamiento correcto tendría que haber sido
determinar que el referente de control para el caso es, de todos modos, el
artículo 23 CADH y que aquellas normas contempladas en los tratados
internacionales –Interamericano y de Naciones Unidas contra la corrupción–
tienen el efecto útil de garantizar la prevalencia del precepto, sin trastocar el
referente de control, como lamentablemente ocurrió, así, en últimas, el resultado
haya sido el de garantizar la prevalencia del artículo 23 CADH.
Conclusión posible únicamente si se establecen las diferenciaciones que
ordena realizar la Constitución, en nuestro caso, la exigencia establecida por el
artículo 93.1 C.P, en el sentido de que no todos los tratados internacionales
tienen la misma jerarquía, pues aquellos sobre derechos humanos que no
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