CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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iii) que las proteja contra actos que violen los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución, en la ley o en la Convención Americana
y iv) que tal recurso no solo debe ser efectivo para constatar la violación,
sino también para remediarla.
Tutela judicial efectiva en la Constitución Política de
Colombia.
La Constitución Política de Colombia de 1991 también consagra el
derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, lo cual se deduce de
los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Carta Política de Colombia. La Corte
Constitucional ha considerado que el derecho de acceder a la
administración de justicia fija un deber de asegurar que los medios
judiciales sean efectivos para resolver las controversias planteadas por
todas las personas y que este “[…] le impone a las autoridades públicas,
como titulares del poder coercitivo del Estado y garante de todos los
derechos ciudadanos, la obligación correlativa de promover e impulsar
las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo […]” 22 lo que significa, a su vez, “[…] el
compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal,
que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden
jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman
violadas.[…]” 23 .
Respecto a las decisiones proferidas por los titulares de la acción
disciplinaria, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra
dichos actos, hace las veces del recurso judicial efectivo en los términos
de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la
jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe
verificar: (i) La procedencia de la intervención de la jurisdicción
contenciosa para examinar el control de decisiones disciplinarias; (ii) la
existencia de un control integral y pleno de tales decisiones y de los
procedimientos seguidos para el efecto; y, consecuencialmente (iii) la
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Sentencia C-426 de 2002.
23
Sentencia C-500 de 2014.
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