CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en
diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de
dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter
permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de
inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista
en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.
En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes la
facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General
de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales
o permanentes que impliquen restricción del derecho de
acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.
En la parte resolutiva de la sentencia decidió –se destaca–:
PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C- 948 de
2002, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE, la expresión ‘pero
cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la
inhabilidad será permanente’, contenida en el inciso primero del
artículo 46 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que ‘se aplica
exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra
el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 122 de la Constitución Política’.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados
en esta sentencia, los artículos 44 numeral 1, 45, literal d ) y las
expresiones ‘La inhabilidad general será de diez años a veinte años;
la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a
doce meses’, contenidas en el inciso primero del artículo 46 de la
Ley 734 de 2002.
De lo expuesto hasta este lugar se deriva que, aun cuando en la demanda se
planteó un cargo general contra el artículo 44, numeral 1º de cara a los artículos
40 y 93.1 constitucionales y, sin perjuicio de que la corporación aseveró que se
pronunciaría de fondo, en cuanto no existía cosa juzgada constitucional, se limitó
a analizar la disposición en lo relativo al acceso a cargos públicos. Es decir, el
tema puntual de la competencia del operador disciplinario para destituir
funcionarios elegidos por voto popular al Congreso de la República no fue
abordado, particularmente, porque, como quedó claro, no fue propuesto. Siendo
así, no queda sino concluir que no existe pronunciamiento constitucional al
respecto.
No es lo mismo pronunciarse en términos generales sobre la compatibilidad
con el artículo 23 CADH de las “sanciones disciplinarias que impliquen la
suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos”, que
definir la competencia de un ente de control con facultades de orden
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