CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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Así mismo se evidencia que adolecen de falsa motivación los actos
sancionatorios al considerar demostrada una falta disciplinaria
gravísima, a partir de pruebas ilegales recaudadas en la “Operación
Fénix”, y en una supuesta prueba indiciaria, que sin explicación alguna
se deriva de los registros de prensa, e informes de inteligencia carentes
de valor probatorio, las cuales son insuficientes para acreditar la
comisión de la conducta reprochada, esto es, el supuesto fomento o
promoción del grupo armado al margen de la ley, conocido como FARC.
Pretensiones de nulidad
En consecuencia, se declarará la nulidad del acto administrativo
sancionatorio proferido por el Procurador General de la Nación el 27 de
septiembre de 2010, mediante el cual se destituyó e inhabilitó por el
término de 18 años a la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Así
mismo, se declarará la nulidad de la decisión del 27 de octubre de 2010
por medio del cual el Procurador General de la Nación resolvió el
recurso de reposición y confirmó en su integridad el acto administrativo
sancionatorio.
Pretensiones de restablecimiento del derecho.
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones de
restablecimiento del derecho: (i) Ordenar su reintegro, sin solución de
continuidad, al cargo que venía desempeñando al momento en que fue
sancionada. (ii) Condenar a la entidad demandada al pago de los
perjuicios materiales causados, incluyendo los salarios y prestaciones
dejadas de percibir como consecuencia de las decisiones
sancionatorias. (iii) Ordenar a la entidad actualizar las condenas
impuestas teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, y
liquidar intereses sobre el valor histórico. (iv) Condenar a la entidad al
pago de los intereses sobre las sumas a reconocer y al pago de las
costas que se causen en el curso del proceso. (v) Disponer que sobre
las condenas se liquiden los intereses moratorios previstos en el artículo
177 del CCA., desde la ejecutoria del fallo y hasta cuando se verifique
su pago efectivo. La Sala Plena decidirá sobre dichas pretensiones así:
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