CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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Demandante (fs. 819 a 821):
ALEGATOS DE LAS PARTES
Adujo que los actos administrativos sancionatorios incurren en un yerro
al invocar como sustento normativo lo dispuesto en el artículo 278 de
la Constitución Política, a sabiendas de que el artículo 277, ordinal 6.º,
ibídem, es la disposición que le atribuye al Procurador General de la
Nación la competencia para vigilar la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, incluidos los servidores de elección
popular.
Reiteró que en el caso concreto se desconoció la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,
concretamente en el ordinal 2.º del artículo 23, en cuanto regla que la
pérdida de los derechos políticos sólo puede originarse en condena de
juez penal competente.
Demandada (fs. 828-869):
Solicitó que se nieguen las pretensiones. Sobre la competencia de la
Procuraduría General de la Nación argumentó que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 5
de marzo de 2014 siguió el criterio trazado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-028 de 2006 que resolvió, bajo la óptica del bloque de
constitucionalidad, la hermenéutica de la facultad disciplinaria y la
imposición de sanciones que impliquen destitución e inhabilidad a
funcionarios de elección popular. En consecuencia, no se desconoció
el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, el citado criterio interpretativo fue reiterado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-712 de 2013, al señalar que el diseño
institucional colombiano, en punto de las atribuciones legales de la
Procuraduría General de la Nación, no se opone a lo dispuesto en el
artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
También explicó respecto de las pruebas obtenidas en la “Operación
Fénix”, que por tratarse de una acción en contra del narcoterrorismo de
carácter político-militar, en la frontera con un país vecino, no era preciso
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