CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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la nulidad del acto sancionatorio, por violación flagrante del debido
proceso.
Es oportuno recordar que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a través del informe de admisibilidad n.º 112/10 de 21 de
octubre de 2010 55 sostuvo que los Estados colombiano y ecuatoriano
aceptaron el hecho de que en desarrollo de la referida operación, el
primero de ellos a través de sus fuerzas armadas incursionó en territorio
del segundo llevándose consigo los cuerpos sin vida de alias “Raúl
Reyes” y del señor Franklin Guillermo Aisalla Molina. En ese mismo
sentido, se expresó que durante el tiempo que duró la “Operación Fénix”
los integrantes de las fuerzas militares de Colombia permanecieron en
territorio ecuatoriano controlando los objetos hallados en el
campamento de las FARC.
En estos términos, a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Estado colombiano ejerció “jurisdicción extraterritorial” 56
sobre la zona del ataque, en territorio ecuatoriano, lo que hace suponer
que sus actuaciones debían ceñirse, entre otras disposiciones, a las
previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos y a las
indicadas en el convenio de cooperación judicial y de asistencia mutua
en materia penal, suscrito entre ambos Estados el 18 de diciembre de
1996, referido al recaudo del material probatorio 57 .
Empero, como quedó visto, el personal militar colombiano en desarrollo
de la “Operación Fénix” no solo se atribuyó facultades de policía
55
El Estado ecuatoriano en comunicación dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, manifestó que el Estado colombiano en desarrollo de la “Operación Fénix” había violado
los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1 (derecho a la integridad personal); 8.1 y 8.2 (garantías
judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos con
ocasión de la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla
Molina a manos de agentes de la fuerza pública colombiana en la referida operación militar.
56
Convención Americana de Derechos Humanos. “[…] Artículo 1. Obligación de Respetar los
Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. […]”.
57
Convenio de cooperación judicial y de asistencia mutua en materia penal. “[…] Artículo 12.
Ejecución de la solicitud de asistencia judicial: 1) La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la
ejecución de la solicitud de asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud de la Parte
Requirente. 2) Las pruebas que se practiquen por las Autoridades Competentes de la Parte
Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico. La valoración de dichas
pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la Parte Requirente. […]”.
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