CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

político sobre el gobierno y la administración. Por estos motivos es factible
afirmar que al Congreso de la República le subyace una triple fuerza
legitimadora.
De esta manera, ya no es posible aceptar la identificación –muy común, por
cierto, pero no por ello menos errada– entre la ley y la voluntad de la mayoría en
el Congreso de la República. Insistir en esa identificación significa admitir, a un
mismo tiempo, que es posible vaciar de contenido los derechos fundamentales
convertidos, hoy por hoy, en pilares de la construcción jurídica del Estado
constitucional colombiano.
Aun cuando en algunas circunstancias la ley pueda expresar la mera voluntad
de la mayoría en el Congreso, también encarna la voluntad del pueblo que
representa. “Y ello es así” – lo expresa con atinada claridad la doctrina–, “porque
aun cuando la mayoría imponga, al final, su criterio, ha de hacerlo tras un debate
público en el que participan minorías, es decir en el que tienen asegurado su
derecho a intervenir, a proponer y a criticar, todos los grupos parlamentarios 87 ”
–se destaca–.
De ahí que no sea lo mismo, ni pueda equipararse, un pronunciamiento
general sobre “sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos” a una definición o toma de
posición relativa a la competencia del Procurador General de la Nación para
destituir funcionarios elegidos al Congreso de la República, por voto popular.
Último aspecto sobre el que la Corte no hizo ningún pronunciamiento, aunado a
que los demandantes no lo invocaron.
Algo diferente es que, teniendo como punto de mira las “sanciones
disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de
acceso a cargos públicos”, razonó obiter dicta sobre los alcances del artículo 23
CADH, a nuestra manera de ver, con poca fortuna, pues recortó los alcances de
una norma con tenor literal suficientemente claro: “[l]os tratados y convenios
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Manuel Aragón Reyes en prólogo al libro de Paloma Biglino Campos, Los vicios del procedimiento
legislativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p.p. 11-12.
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