CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La providencia respecto de la cual aclaramos nuestro voto también trajo a
colación la sentencia SU-712 de 2013, fallada con ocasión de una tutela
impetrada por la demandante en el proceso de la referencia. En esta sentencia
la Corte hizo un análisis exhaustivo y reiterativo de la acción de tutela como
mecanismo transitorio frente a un acto administrativo y concluyó que la
presentada por la ciudadana Piedad Córdoba era improcedente.
Aunque en aquella ocasión la corporación se pronunció expresamente sobre
la competencia del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios
elegidos por voto popular, como si el asunto se hubiere resuelto en la sentencia
C-028 de 2006 ya referida, cabe advertir que una sentencia fallada en sede de
acción de tutela –así sea sentencia de unificación– no puede reiterar una
sentencia de constitucionalidad más allá de lo demandado, controvertido y
resuelto. En fin, no resulta posible reiterar una decisión inexistente.
Como lo indicó la Corte Constitucional, en la sentencia aludida, los actos de
corrupción en nuestro ordenamiento jurídico están tipificados en el Código
Penal, de donde únicamente previa sentencia penal debidamente ejecutoriada
podría el Procurador General de la Nación destituir a un funcionario público
elegido por voto popular por corrupción. Ahora en cuanto al patrimonio público
se requiere que la condena en repetición no haya sido satisfecha por el
funcionario. En ambos casos, por tratarse de causales de inhabilidad. De otra
manera, no se cumple la exigencia que dejó sentada la Corte Constitucional en
la sentencia C-028 de 2006.
Ello, no solo porque ninguno de los reproches elevados contra la ciudadana
Piedad Esneda Córdoba Ruíz se relaciona con el delito de corrupción o contra
el patrimonio público, sino porque esa competencia le ha sido confiada a los
jueces de la República, únicamente. Siendo así, lo procedente en el asunto de
la referencia tenía que ver con inaplicar por inconstitucional en los términos del
artículo 4º superior 92 y, para el caso concreto, el numeral 1º del artículo 44 de la
Ley 734 de 2002, vale decir la competencia del Procurador General de la Nación
para destituir e inhabilitar a la demandante del cargo de Senadora de la
92
“ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” –se destaca–
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