CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
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Todo lo anterior no implica que desaparezca la exigencia prevista en el
ordinal 4.º del artículo 162 de la Ley 1437, que regula el contenido de la
demanda, esto es, el deber de invocar los fundamentos de derecho de
las pretensiones, las normas que se consideran trasgredidas y de
explicar el concepto de violación, porque como bien se indicó en la
sentencia de la Corte Constitucional (C-197 de 1999) dicha carga
procesal de la parte demandante, es legítima y proporcionada.
‣ Recapitulación de las reglas de unificación:
Conforme a lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
unifica los siguientes criterios interpretativos de la competencia del juez
administrativo cuando se trate de actos administrativos de carácter
sancionatorio, regulado en la Ley 734 de 2002. Veamos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control
judicial integral 43 de los actos administrativos sancionatorios,
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en
la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye el recurso judicial efectivo en los
términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Resuelto lo anterior la Sala procede a estudiar el caso sub examine:
LOS CARGOS Y LA SANCIÓN DISCIPLINARIA:
En la investigación que adelantó oficiosamente la Procuraduría General
de la Nación en contra de la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz, se
formularon dos cargos disciplinarios, pero sólo fue sancionada por el
primero de ellos. En el siguiente cuadro se resume la concordancia
entre el pliego de cargos y el acto administrativo sancionatorio.
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El concepto de “control judicial integral” se entiende de conformidad con los parámetros señalados
en acápite anterior.
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