CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

un proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación
puede –y de acuerdo a los alcances de las normas– de hecho conlleva restringir
el acceso a la función pública lo que contraría de manera fehaciente el artículo
23 de la CADH, toda vez que, al tenor de dicha disposición, la ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a condiciones de
edad, nacionalidad, idioma, instrucción, capacidad y solamente puede
restringirlos por orden de juez competente en un proceso penal –se destaca–.
Adviértase que la demanda en ningún momento planteó si, a la luz de las
normas constitucionales o convencionales, el Procurador General de la Nación
es competente para destituir a un funcionario elegido para el Congreso de la
República, por voto popular. Ese cargo no fue formulado y, de haberlo sido,
tendría que haberse puesto de presente el desconocimiento de disposiciones en
las que se sustenta la forma democrática del Estado, para el caso los artículos
1º y 3º superiores, entre otros.
Los demandantes señalaron que en virtud de lo dispuesto por el artículo 93.1
de la Constitución, el artículo 23 de la CADH prevalece en el orden interno, de
manera que como las disposiciones demandadas la vulneran deben declararse
inexequibles. Sin embargo, los demandantes no cuestionaron la competencia de
la Procuraduría para destituir funcionarios elegidos al Congreso de la República,
esto es por voto popular.
Inicialmente, la sentencia C-028 de 2006 centró el problema jurídico en
determinar si establecer inhabilidades resultaba o no inconstitucional, a la luz del
artículo 40 C.P. y si la destitución por culpa gravísima desconocía el artículo 23
CADH a la luz del artículo 93.1 C.P 82 . No obstante, a la hora de precisar, la
cuestión se formuló en los siguientes términos –se destaca–:
82
La Corte se planteó: i) “si las interpretaciones personales expuestas por los demandantes en relación
con la presunta vulneración por parte de las expresiones acusadas del artículo 13 constitucional cumple
o no con la carga mínima de argumentación necesaria para adelantar el juicio de responsabilidad; … ii)
“si respecto de la expresión cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado, la inhabilidad
será permanente, se produce el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la sentencia C-948 del
2002”;… iii) “si en relación con el primer numeral del artículo 44 de la ley 734 que establece como
sanción disciplinaria la destitución e inhabilidad general para faltas gravísimas por culpa gravísima ha
operado o no el fenómeno de la cosa juzgada frente a la decisión adoptada en la sentencia C-124 el
2003”; … iv) “si los artículos 44 numeral 1; 45 literal d, 46 e inciso 1º de la Ley 734 al consagrar como
una de las posibles consecuencias del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría la imposición
de una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas vulneran el artículo 93 de la Constitución en la
medida en que contrarían el artículo 23 de la CADH”. Y, finalmente, v) “si los artículos 44 numeral 1º, 45
literal d y 46 inciso 1º de la Ley 734 al consagrar como una de las posibles consecuencias del proceso
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