CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referencia n.º : 110010325000201100316 00.
Núm. Interno: 1210-2011.
Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz
________________________________________________________________________________________
La vieja tradición de hands-off, esto es, de manos fuera de los asuntos
del ejecutivo, o de no interferencia en su funcionamiento. 3) La presión
de la congestión judicial que impide una labor eficiente de los jueces. 4)
La voluntad del legislador es delegar cuestiones altamente técnicas en
el ejecutivo y por tanto, respecto de ellos no puede darse un control
integral por parte de los jueces 8 .
Los argumentos de la deferencia y de la llamada “justicia rogada”,
tuvieron especial importancia al momento de ejercer el control judicial
de los asuntos de carácter disciplinario, que por competencia
correspondió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es
importante resaltar que la “intangibilidad relativa” del acto sancionatorio
de carácter disciplinario, no fue objeto de argumentos explícitos en las
sentencias de la época aquí reseñada, por dos razones básicas: (i) La
autorestricción tuvo su mejor resguardo en el concepto de “justicia
rogada” y (ii) implícitamente prevalecía la deferencia respecto de las
sanciones disciplinarias, especialmente las provenientes de la
Procuraduría General de la Nación.
La tensión entre el ejercicio de las potestades discrecionales de la
administración pública y el control judicial, es de vieja data y ha
evolucionado desde una concepción de justicia de lo contencioso
administrativo cercenada o cohibida, hacia un control judicial cada vez
más extenso e integral, que garantice la tutela judicial efectiva 9 . Así, en
la línea del tiempo, encontramos el segundo período, con la
Constitución Política de 1991. Veamos:
El período de la intangibilidad relativa explícita y “deferencia
especial” respecto de la decisión disciplinaria administrativa.
8
Ver Ob. Cit. García de Enterría, pág. 185.
9
“[…] Si de Francia hablamos, será justamente en la III República cuanto se asiente y se desarrolle
de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará su plena madurez al Derecho Administrativo y
que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la
Administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de
análisis de validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos
de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa.
[…]”. García de Enterría, Eduardo. La democracia, jueces y control de la administración. Civitas, 4.ª
ed. Madrid 1998, pág. 36.
9