Libro blanco de Desnutrición clínica - SENPE

Ética y desnutrición hospitalaria
• Evitar hacer daño en el curso de la enfermedad.
Podríamos resumirlos diciendo que la
Medicina del siglo XXI tiene dos fines
fundamentales, el primero luchar contra la
enfermedad, y el segundo, ayudar a morir
en paz.
Ante el desarrollo de conflictos éticos, resulta
muy útil conocer un método de análisis
del conflicto que nos permita establecer un
proceso en la toma de decisiones, de tal
manera que se puedan estandarizar todos
los aspectos implicados en el conflicto y así
no omitir ningún dato imprescindible en el
análisis. Autores como el Prof. Diego Gracia
o el Prof. Pellegrino han definido esta metodología,
que podríamos resumir en cinco
preguntas clave que deben tener respuesta en
el análisis de un conflicto ético y que son :
1. ¿Cuál es el conflicto de valores?
2. ¿Quién debe tomar la decisión?
3. ¿Con qué criterios se toma la decisión?
4. ¿Cómo se han razonado o analizado las
decisiones en un conflicto ético?
5. ¿Cómo podría prevenirse el conflicto?
Es fundamental realizar un análisis minucioso
de cada caso a partir de las anteriores
preguntas, y constituye la base en la toma de
decisiones responsable.
COMPETENCIA
Es fundamental identificar a la persona
responsable que debe tomar la decisión
que se plantea como conflicto de valores.
Todos los pacientes competentes tienen
la capacidad legal y moral de autorizar la
instauración o retirada de un tratamiento.
En muchas ocasiones la decisión en uno
u otro sentido depende mucho, cuando el
paciente es consciente y capaz psicológica y
legalmente, de la capacidad de un interlocutor
al transmitirle la información, siendo esta
circunstancia imprescindible para tomar la
decisión. Una persona bien informada y con
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capacidad para analizar los hechos adecuadamente
está posibilitada para tomar una
decisión atendiendo a sus valores.
Cuando los pacientes competentes ingresados
en nuestros centros sanitarios se niegan a
recibir soporte nutricional, estando técnicamente
indicado, se genera una situación de
conflicto de tal grado que en ocasiones los
clínicos, impotentes para hacer cambiar de
opinión a los pacientes, les invitamos a pedir
el alta voluntaria. Pues bien, la defensa del
principio de autonomía obliga a considerar
que una determinada decisión tomada por
un paciente capaz no debe ser considerada
equivocada sólo porque no coincida con la
idea que sus familiares, su médico u otros
profesionales sanitarios tengan de lo que se
debería hacer. El paciente decide según sus
valores, que pueden coincidir o no con los
de las demás partes implicadas.
Si el paciente no es capaz, debemos investigar
si existen voluntades anticipadas o
testamento vital que permita conocer la opinión
o la decisión del paciente. Desgraciadamente
no existe tradición sociocultural
en este sentido, y es realmente excepcional
encontrar pacientes que hayan dejado un
documento escrito expresando sus voluntades
en este sentido. Recientemente tres
comunidades autónomas (Cataluña, Galicia
y Andalucía) han regulado esta situación,
dando la forma administrativa que le permita
la validez legal.
Una de las críticas más habituales realizadas
a las directivas anticipadas expresa la
falta de realidad que, en ocasiones, puede
definir una directiva anticipada, ya que la
misma es un documento que expresa la voluntad
de una persona, ante un tratamiento,
en un momento determinado, pero sus
circunstancias vitales pueden cambiar. Al
no definirse en el momento del conflicto,
existe riesgo de no ser consecuente en sus
intenciones con la realidad del momento, si
bien es cierto que las directivas anticipadas
o las voluntades previas, como se las quiera