SELVA VIDA

144
SELVA VIDA: DE LA DESTRUCCION DE LA AMAZONIA AL PARADIGMA DE LA REGENERACION
operaciones de OXY en el Corrientes. En cuanto a las pozas sin revestimiento de cemento
estaban prohibidas en Louisiana y Texas desde 1932 y 1939, respectivamente
(Goldman et al. 2007: 36-38.). Era entonces imposible que OXY desconociera estas
normas, no solo porque su origen era los Estados Unidos sino porque su sede principal
es la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California.
La pregunta sobre por qué en el Perú se continuaron prácticas industriales que estaban
proscritas en diversos estados de los Estados Unidos solo puede ser respondida
mediante el argumento de rebajar los costos de operación para hacer más atractiva
la inversión extranjera. Esta concepción, que aunque matizada sigue operando hasta
hoy, hunde sus raíces en una profunda mentalidad racista que clasifica a sus ciudadanos
en diversas categorías. Al respecto, es elocuente la opinión del expresidente
García, quien después de los sucesos de Bagua (2009) increpó a los indígenas por
presumir ser ciudadanos de “primera categoría”.
Al promediar la década de 1990, diversas organizaciones indígenas de comunidades
asentadas en los lotes explotados por la OXY y Petroperú comenzaron a presentar
reclamos formales por la contaminación de su hábitat y los estragos causados sobre
la salud de la gente. La Federación de Comunidades Nativas del Tigre (Feconat) solicitó,
en 1996, la declaratoria en emergencia de la cuenca y la adopción por parte del
Estado de medidas drásticas que impidiesen a la empresa continuar contaminando el
medio ambiente y afectando la salud de la población. Demandaba también suministro
de agua limpia para las comunidades, atención para la salud de la gente e inicio de
un programa de desarrollo integral. Feconaco, durante la misma época, exigía la conformación
de una comisión especial con representantes de la Defensoría del Pueblo,
el Congreso, la OIT, Aidesep y ella misma para realizar una auditoría ambiental en la
cuenca y formular un plan de reparación de daños, de atención a la salud de los pobladores
y de indemnización a las comunidades por parte de la empresa. La Federación
de Comunidades Quechuas del Pastaza (Fediquep) planteaba reclamos similares (La
Torre 1998: 78-80).
No obstante las pruebas contundentes proporcionadas por entidades del propio
Estado, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg, hoy Osinergmin
al habérsele añadido “y Minería”), de los ministerios de Producción y de Salud
y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (Iiap), indicando que las
concentraciones de determinados metales pesados en diversos cuerpos de aguas,
así como en organismos de peces y de seres humanos, sobrepasaban los límites
máximos permitidos por la OMS; el Ministerio de Energía y Minas negó las evidencias
(Chirif 2011). Un informe suscrito por el ministro del sector afirma “que los valores de
emisión de líquidos se encontraban dentro de los límites máximos permisibles”, y señala
haber llegado a ese resultado basándose “en los informes mensuales de monitoreo
de agua controlados y remitidos por la propia empresa” (La Torre 1998: 80). Práctica
extraña esta en la que el reo presenta sus propias justificaciones de inocencia y el juez
las da por válidas a pesar de las pruebas en contrario que lo inculpan.