SELVA VIDA

ALBERTO CHIRIF: AUGE Y CAIDA DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS
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especializados (que por cierto están siendo bien seguidos por monitores indígenas
capacitados y al servicio de la organización), esto no justifica la falta de presencia de
dirigentes que deben darle acompañamiento al asunto en su calidad de representantes
de su pueblo.
Los levantamientos de 2008 y 2009
El 19 de diciembre de 2007, el gobierno peruano firmó un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos. Ese mismo día, mediante la Ley N° 29157, el Congreso
aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en diversas materias
específicas con la finalidad de implementar el mencionado tratado.
La ley no admite dudas sobre la naturaleza de la delegación de facultades al señalar
que “el contenido de los decretos se sujetará estrictamente a los compromisos
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda,
y a las medidas necesarias para mejorar la competitividad económica para su
aprovechamiento…” (Art. 2º, 2). Es igualmente clara cuando establece las materias
sobre las cuales deberá legislar: a) facilitación del comercio; b) mejora del marco regulatorio,
fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del
Estado; c) mejora de la administración de justicia en materia comercial y contencioso
administrativa, para lo cual se solicitará opinión al Poder Judicial; d) promoción de la
inversión privada; e) impulso a la innovación tecnológica, la mejora de la calidad y el
desarrollo de capacidades; f) promoción del empleo y de las micro, pequeñas y medianas
empresas; g) fortalecimiento institucional de la gestión ambiental; y h) mejora de la
competitividad de la producción agropecuaria (Art. 2º, 1).
En su análisis jurídico sobre la adecuación y conformidad constitucional de la delegación
de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y la utilización dada a dicha delegación
por el gobierno de Alan García para expedir 99 decretos legislativos, Eguiguren
(2008) 6 indica que si bien se creó una Comisión Parlamentaria Multipartidaria encargada
de dar seguimiento al proceso de elaboración de los decretos legislativos, en
su informe final esta señala que “a pesar de su exigencia reiterada, el Poder Ejecutivo
no cumplió con hacerle entrega previa del texto de los decretos legislativos, a fin de
proceder a su revisión y control antes de que sean publicados” y que “incumplió este
acuerdo del Pleno del Congreso por entender que gozaba de facultades delegadas
para expedir directamente los decretos legislativos”. También señala que el uso dado a
esa delegación fue particularmente amplio desde los puntos de vista cuantitativo, porque
aprobó casi un centenar de decretos legislativos; y cualitativo, por la gran variedad
de aspectos que abarcó: modificación de la estructura de organización y funciones y
de competencias de ministerios y organismos integrantes del Poder Ejecutivo; determinación
o modificación “del régimen regulatorio de diversas actividades económicas
y productivas o vinculadas a la explotación de recursos naturales” (tierras y actividad