SELVA VIDA

ALBERTO CHIRIF: AUGE Y CAIDA DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS
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• Creación de un fondo para proyectos sostenibles para los pueblos indígenas.
• Restablecimiento del rango ministerial del Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) 8 .
• Respeto al rechazo de los pueblos indígenas a las concesiones de hidrocarburos,
mineras y forestales superpuestas a sus territorios.
• Conformación de una comisión multisectorial de alto nivel para evaluar los
impactos socioambientales de las actividades extractivas en la Amazonía
peruana y resarcimiento de los afectados con participación directa de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
• Creación de Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe y Vice-Ministerio
de Salud Intercultural.
• Creación de centros de estudios superiores estatales en los pueblos indígenas
que asuman iniciativas de gestión.
• Creación de un programa especial público para salvaguarda de los pueblos
indígenas en aislamiento que tome medidas concretas e inmediatas que protejan
su vida y su salud, y que garanticen su existencia e integridad y demás
derechos fundamentales.
Las protestas pasaron de los escritos a los hechos, y un número considerable de indígenas
de la región de Amazonas, de los pueblos Awajun y Wampis, tomaron el puente
Corral Quemado (provincia de Bagua, Amazonas), en la Carretera Marginal. El bloqueo
duró hasta el sábado 20 de agosto, fecha en que el Congreso derogó dos de los
cuestionados decretos (D.L. 1015 y D.L. 1073) y prometió revisar los demás en plazo
perentorio. Valga una breve explicación de estas normas para entender por dónde
apuntaban las intenciones de ese gobierno.
El D.L. 1015 “unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas
de la sierra y de la selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad
agropecuaria”. ¿De cuáles “procedimientos” se trata? De los establecidos por
la “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las
tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas” (D.L. 26505),
conocida de manera abreviada como la “ley de tierras”, que había sido aprobada por el
gobierno de Fujimori, en julio de 1995. Ese año entró en vigencia en el Perú el Convenio
169 de la OIT que, como se sabe, estableció la obligatoriedad de la consulta previa
para la aprobación de leyes y políticas públicas que afecten a pueblos indígenas. Y
esa ley claro que los afectaba en la medida que establecía que para “disponer, gravar,
arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva”, se
requería el voto conforme de dos tercios de la Asamblea General (Art. 11º). Fue una
clara muestra del carácter de descartable que el gobierno de Fujimori le iba a dar al
Convenio 169 que su propio gobierno había ratificado.
El D.L. 1015 afectó aun más los derechos de los pueblos indígenas amazónicos ya
que, mediante la “unificación de procedimientos”, se homologaron las condiciones para