Ética de la investigación científica

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investigación; de hecho indican que se acepta que el 90% de los recursos para la
investigación médica se use en el estudio de enfermedades que afectan al 10% de la
población, la llamada brecha 10/90.
El 82% de los estudios revisados consistió en estudios tipo Fase III es decir, que
evalúan la efectividad de un medicamento, la severidad de los efectos secundarios y lo
comparan con tratamientos convencionales en grupos grandes de sujetos, mientras que el
18% consistió en estudios tipo Fase II que evalúan la efectividad y la seguridad de un
medicamento. El 74% de los protocolos indicaban que se apegaban a algún estatuto
universal como la Declaración de Helsinki, el 67% relegaban los asuntos éticos a un comité
de revisión hospitalario. Todos presentaron consentimiento informado aunque sólo 25 de
los 34 lo hicieron explícitamente; un 94% mencionó aspectos éticos, 2% no mencionó
ningún aspecto ético. Los tratamientos estudiados en su mayoría fueron para tratar
enfermedades como neumonía intrahospitalaria, diabetes mellitus y cáncer. Ninguno de los
protocolos especificó beneficios para la institución donde tendría lugar la investigación, ni
para la comunidad anfitriona o población cercana al hospital; los autores indican que, de
manera extraoficial, se sabe que el 70% de los pagos de la industria farmacéutica se hacen
al grupo del responsable de la investigación, y que el pago se hace por sujeto, el 30%
restante se otorga al Fondo para el Fomento de la Investigación en el IMSS que financia la
investigación en este Instituto. Los protocolos tampoco consideraron el acceso a terapias
eficaces al final del ensayo. Los beneficios que se mencionan son para la ciencia, para
futuros pacientes, supervisión médica y mejoría de las condiciones de los pacientes. En los
formatos en que se indican los beneficios se encuentran afirmaciones tales como: “el
laboratorio no se compromete a proveer de un beneficio con el medicamente en el ensayo”.
La mayoría de los protocolos no incluyeron una evaluación de riesgos y beneficios,
además el medicamento no estaría disponible para el grupo básico de medicamentos del
IMSS por su alto costo. Los beneficios para los pacientes se ven restringidos a la atención
que recibirán los participantes en el estudio, lo que aumenta las diferencias con respecto a
la población que no participa en el estudio. Los autores subrayan que estos estudios tienen
una gran deficiencia en términos de justicia social y que los comités institucionales también
son omisos en este aspecto, así como las instituciones mismas. Por otra parte, los autores
hacen énfasis en el valor indiscutible de la Subcomisión de Ética en Investigación en Salud,