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San JoSé IturbIde
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Se repitió luego la solicitud al gobierno superior de Guanajuato reducido ya a
departamento, la resolvió por fin negativamente, no accediendo ni a pasarla al
supremo dictatorial ya establecido en México. El agente o representante de la
compañía, solicitó en aquella capital, que se le admitiera a lo menos el pago de
alcabala, por mitad en dinero, y el resto en bonos de deuda interior, ofreciendo siempre
en compensación, la donación del terreno a favor de la Villa. Mientras aguardaba
la resolución del ministerio de hacienda, la que se había ofrecido expresamente que
sería favorable a la persona respetable que la citaba, sin que precediera esa resolución
favorable o negativa, se libró orden al jefe de hacienda pública de Guanajuato, a fin
de que estuviera a la mira si se verificaba el contrato del Capulín, para que se hiciera
efectivo el cobro de los derechos que causaba, el jefe de hacienda indicado, ampliando
la orden que recibió, dio la suya a la administración respectiva de rentas de San Luis de
la Paz, para el embargo desde luego de la finca del Capulín y que se hiciera el cobro.
Comunicando a México el procedimiento al representante de la compañía, se apresuró
a concluir el contrato de compraventa pendiente en espera de la resolución de
ministerio, regresó a Iturbide en 5 de septiembre de 1853, acreditó con el certificado
fehaciente respectivo, que este procedimiento se había verificado antes de consumarse
el contrato de enajenación, pues antes, solo estaba escriturado el de promesa de venta.
Entonces se levantó el embargo, pero se exigió el pago de los siete mil quinientos pesos
de alcabala, con tal precipitación, que a pesar de los trastornos anunciados de la
revolución, de la ley universal y de tener que reunir lo de accionistas, no mereció la
empresa del Capulín ni el plazo de tres meses que concedía a los causantes de esa clase
de derechos por venta de fincas rústicas, el artículo 8 octavo de la Ley General de 18 de
julio de 1843 declarada vigente a la vez, y hasta una partida de tropa se presentó para
que condujera la cantidad que se pretendía fuera entregada desde luego.
Con la misma precipitación se exigieron las pensiones ordinarias que había causado
la finca, sobre otra extraordinaria que breve plazo designado y una enorme multa,
si se excedía, se acababa de exigir bastante gravosa y dificultosa, de cierto número
de hombres bien montados, armados y enganchados por cuenta de la empresa, por
crear un escuadrón de seguridad en Guanajuato, costeado por las haciendas. En
todo tuvieron lugar otras exigencias y odiosos abusos que sugiere el poder y las
circunstancias que favorecen a quien lo ejerce, y que hasta desconoce las ofensas que
infiere en sus procedimientos, al débil y desvalido, nada era desapercibido por los