La teoría de los cuatro escalones. Violencia, criminalidad e ...

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Capítulo II Las instituciones Si bien en el proceso social es posible atribuir crisis y responsabilidad a las estructuras y a los sistemas 16 , éstas comienzan a tener relevancia real cuando están referidas a las instituciones y a los actores. No hay instancia institucional relacionada con la violencia y la criminalidad que no se halle sometida a profundas crisis de credibilidad y legitimidad. En efecto, nunca antes como ahora, aparecen interpeladas la justicia, la policía, las cárceles, las normas jurídicas, la institucionalidad existente. Frente a la evidencia –amortiguada en cada caso por rasgos de cultura política- las ciencias sociales tienen que persuadir al resto que el vocablo crisis no alude a adjetivaciones o a posibles juicios de valor sobre una realidad concreta, sino que se muestra como un poderoso concepto de reconstrucción objetiva, admitiendo, junto con Habermas, que toda crisis es inseparable de la percepción de quien la padece. Pero más allá de las crisis, toda institución es, en rigor, un lugar de construcción de desigualdades categoriales. Las organizaciones que ejercen un poder de coacción –como el Estado- asumen el predominio hacia fuera y hacia adentro para controlar grandes concentraciones de recursos utilizables dentro de las poblaciones. Una institución consiste en el establecimiento de límites explícitamente categoriales que ayudan a resolver problemas de organización (solidaridad, lealtad, control, sanción, monopolio, etc.). Una categoría es un conjunto de actores que comparte un límite que lo distingue de otro conjunto de actores excluidos por ese límite. Una categoría aglutina actores juzgados semejantes, escinde conjunto de actores considerados desemejantes y define relaciones entre ambos (Tilly, 2000). Sobre esta base conceptual, en el escalón institucional es posible divisar tres realidades: 1) la crisis de legitimación de las instituciones estatales del control social formal; 2) la consolidación y complejización del “campo” de los medios de comunicación, en tanto actores decisivos en la reproducción de los “miedos” colectivos; 3) la emergencia de nuevas estrategias y dispositivos que reivindican el “retorno” a lo comunitario como forma de mitigar las manifestaciones de violencia y criminalidad. 16 En palabras de Habermas, hay un cierto tipo de crisis que surge “cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica” (Habermas, 1989). 28
1. El leviatán herido Las instituciones de control social formal han generado una abundante bibliografía sociológica y criminológica, imposible de reseñar aquí. En un sentido general, a esta red institucional se la denomina sistema penal, el cual lleva a cabo el proceso de criminalización mediante el que se selecciona un grupo reducido de personas a las que el Estado le impone coactivamente una pena por considerarlo responsable de la comisión de ilícitos (Sain, 2002). Las agencias de seguridad –estatales o privadas- son un componente esencial de ese sistema y desempeñan una labor fundamental en las instancias de criminalización que resultan de su funcionamiento. 17 La criminalización secundaria –la que se ejerce sobre los hechos conocidos y abordados por la policía, la justicia y las cárceles- entraña un proceso de selectividad: sólo unos pocos hechos o actos criminales pasan por su conocimiento y tramitación. Dentro de esta red, la policía conforma una de las principales agencias –si no la más importante- de criminalización secundaria y, por ende, cuenta con una enorme y significativa capacidad discriminatoria para administrar modalidades efectivas de criminalización sobre ciertas personas. La sustantiva diferencia entre la policía y las restantes agencias de criminalización secundaria reside en que aquélla configura la instancia primera y principal del proceso de selección criminalizante. Las agencias judiciales y penitenciarias, en cambio, se limitan apenas a administrar aquellos casos y personas que fueron criminalizados efectivamente por las agencias policiales, convirtiendo a éstas en una de las principales agencias de control social (Sain, 2002). A través de las policías, los estados cumplen con la función de limitar los actos y comportamientos que configuran un perjuicio para las personas. La naturaleza de servicio público de protección, obliga a las instituciones a desenvolverse en un marco de respeto de los derechos ciudadanos –lo que no siempre ocurre- y de apoyo a las normas regulatorias. En ese Estado de derecho, la acción institucional está regida en todo momento por el principio de legalidad. La labor institucional de las policías puede sintetizarse de la siguiente manera: si la protección ciudadana frente a ilícitos y delitos determina el eje funcional básico de la policía, la prevención y represión de dichos actos configura sus misiones 17 Un problema desafiante para las definiciones de políticas de seguridad se relaciona con las competencias privadas: “la aparición de importantes operadores privados de seguridad, de base contractual y económica, llega a condicionar ocupaciones de espacios públicos, el desarrollo de actividades de seguridad en lo público (transporte de valores, por ejemplo) y, en general, constituyen una red de instituciones con poca o ninguna regulación estatal” (Escobar, et.al., 2005). 29
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