La teoría de los cuatro escalones. Violencia, criminalidad e ...

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Los desafíos conceptuales Las nociones de “gobernabilidad”, “capital social”, “espacio público” y “sociedad civil”, otorgan un nuevo marco para la aplicación de políticas públicas (Gabaldón, 2004). La “gobernabilidad” está asociada con el desarrollo de condiciones de gestión social que enfatizan la participación, la corresponsabilidad y la transparencia. Por su parte, el concepto de “capital social” guarda relación con las nociones de confianza, cooperación y solidaridad y, en un sentido durkheimiano, se opone a las nociones de egocentrismo y anomia (Gabaldón, 2004). 30 La idea del “espacio público” se proyecta sobre lo abierto, lo explícito, lo supervisado y sujeto a escrutinio, lo auditable, rasgos que darían mayor transparencia y menor margen de manipulación a determinadas acciones sociales: algunos hemos vinculado la apropiación privada de lo público a la crisis social y la exclusión, a la falta de consolidación estatal del monopolio de la fuerza y del estado de derecho o a la subordinación de instancias públicas de control, como la policía y las cárceles, a intereses particularistas, en una dinámica compleja de desconfianza, oposición y deslegitimación (Gabaldón, 2004). Por último, el concepto de “sociedad civil”, en su alcance más propiamente gramsciano, está ligado al conjunto de ideas, representaciones, prácticas y formas organizativas que otorgan unidad a los sujetos en un territorio dado, oficiando de soporte hegemónico en una sociedad política estructurada por los aparatos y las instituciones estatales (Gabaldón, 2004). Una síntesis conceptual, operativa y funcional, reconoce el siguiente resultado: la visión internacional de la seguridad ciudadana tiende a adoptar la forma de una cuestión de gobernabilidad en la cual la sociedad civil, en buena parte a través de las Organizaciones No Gubernamentales, tiene una responsabilidad fundamental, que propende al desarrollo y consolidación del capital social y que procura la expansión del espacio público de gestión, lo cual incluye, en lo que se refiere a la intervención del aparato estatal, la ampliación del escrutinio, transparencia y auditoría de las actividades de sus organismos, dentro o fuera del sistema de justicia penal, y al desarrollo de 30 Al capital social algunos lo vinculan con redes y normas primarias de cooperación, “mientras otros incluyen instituciones y estructuras más formales y diversificadas, en clara evocación de la distinción entre solidaridad mecánica y orgánica, asumiendo que hay una responsabilidad estatal en el fomento y fortalecimiento de esos lazos cooperativos cuando se encuentran debilitados” (Gabaldón, 2004). 42
mecanismos alternos a la coerción y la adjudicación, mediante conciliación y arbitraje (Gabaldón, 2004). Si bien el “retorno” a lo comunitario y la ilusión de una participación espontánea y consciente chocan contra las evidencias estructurales y culturales de nuestra modernidad tardía, los esfuerzos por pensar alternativas institucionales problematizan la eficacia de los dispositivos convencionales de “ley y orden”, y lo hacen a través de una reconstrucción de las nociones de espacio (contexto territorial), de ámbito (relaciones y trama social) y de protagonistas (sujetos activos y pasivos de la seguridad) (Gabaldón, 2004). Entre los miedos y las incertidumbres, la institucionalidad en crisis procesa su supervivencia apostando, con mejor o peor suerte, a la ampliación simbólica de la descentralización, la legitimidad y el empoderamiento. Los anclajes regionales y locales, la congruencia entre los principios normativos y los criterios de decisión, las convicciones profundas y la transferencia efectiva de facultades y derechos, son todavía embarcaciones precarias para surcar las aguas vigiladas por un leviatán herido y por un intermediario dueño y señor del orden simbólico. 43
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