1principio_pro_persona

En su contestación a la demanda, el señor Juárez Toscano solicitó al juez de la causa que realizara un
control difuso de las normas relevantes del ccdf, de tal forma que no se anulara el acto a través del cual
se constituyó el patrimonio de familia respectivo.
En este sentido, argumentó que, tal como lo hizo en su momento ante el juez civil competente, la conformación
de dicho patrimonio atendió a la necesidad de proteger los recursos indispensables para garantizar
los derechos a la salud, a la vivienda digna, a la seguridad social y al mínimo vital tanto de su esposa
como de sí mismo, pues no tienen más descendencia viva. En ese contexto, el señor Juárez sostuvo que
su esposa, quien depende económicamente de él, padece una enfermedad crónica degenerativa cuyo tratamiento
no está disponible en las clínicas del sector salud. Asimismo, destacó que, como profesionistas
independientes retirados, ninguno de los dos goza de una pensión pública o privada que constituya una
fuente de ingresos, por mínima que ésta sea. Por ello, los pocos recursos económicos con los que cuentan
son la única base con la que podrían garantizar su subsistencia por el resto de sus vidas.
Como fundamento de su contestación a la demanda interpuesta, el señor Juárez invocó los artículos
1º, 4º, 27 y 123 constitucionales; así como los artículos 4º, 5º y 17 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (cadh), i, vi, xi y xvi de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, y 9º, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(pidesc). De la misma forma, en la contestación de la demanda se hizo referencia a la siguiente tesis
aislada de la Primera Sala de la scjn, a manera de apoyo del reconocimiento del derecho al mínimo vital
en nuestro marco constitucional:
Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano.
análisis crítico
del caso
El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática
de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución general y particularmente de los artículos
1º, 3º, 4º, 6º, 13, 25, 27, 31, fracción iv, y 123. Un presupuesto del Estado democrático de derecho