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Principio pro persona
misión del delito equiparado a la violación agravada en perjuicio de un menor de edad. En el análisis
de la causa, el Pleno de la scjn se pronunció con respecto a la vinculación, en el caso concreto, entre el
interés superior del menor y el principio de presunción de inocencia de la persona acusada. En palabras
de la Corte,
contrastando la aplicación del principio del interés superior de la infancia con el principio de presunción
de inocencia, en un proceso en el que se señale a un menor como víctima de un delito, concretamente
el de violación equiparada, como ocurre en el caso concreto, se advierte que no se trata de principios que
se excluyan entre sí […] esto es, la obligación o carga de atender y proteger el interés superior del niño, no
puede dar lugar a que se deje de aplicar el derecho del imputado a que se presuma su inocencia mientras
no se dicte la sentencia que lo condene por haberse demostrado su plena responsabilidad en la comisión
del ilícito […]
No hay razón constitucional ni legal que justifique la inaplicación del principio de presunción de inocencia,
ni siquiera la necesidad de proteger bienes jurídicos de enorme valía social, como la integridad
psíquica y corporal de los menores de edad ante la comisión de conductas de carácter sexual en su agravio,
ya que esa necesidad no se colma con el dictado de un sentencia acusatoria cuando el sentenciado no
cometió el delito sino que exige el esclarecimiento de la verdad para que la acción punitiva del Estado
recaiga realmente en el delincuente […]
Es por ello que la aplicación del principio de presunción de inocencia en el orden jurídico penal, no pueda ser
objeto de ponderación, sino una regla de aplicación general en todos los casos, incluso en el proceso en que se señala
a un menor como víctima del delito de violación equiparada en el que tanto el principio del interés superior del
infante como el principio de presunción de inocencia del imputado deben encontrar su justa aplicación, el primero
para proteger ese interés tomando las medidas necesarias que aseguren su protección y las mejores
condiciones durante el desahogo de las pruebas y la instrucción del proceso, y el segundo porque la única
causa que justifica el dictado de una sentencia condenatoria en materia penal, se soporta en la afirmación
de elementos de pruebas suficientes y eficaces que acrediten la plena responsabilidad del condenado en la
comisión del delito.
Ninguna norma de derecho interno o internacional permite dar preferencia a los derechos de las víctimas
frente a los derechos de la defensa en los procesos penales, aun cuando se encuentren involucrados menores
de edad y deba protegerse su interés superior en la participación de los mismos. 80
Aun cuando este caso se vincula con la aplicación de un principio específico de favorabilidad –el interés
superior del niño– y no con la construcción general del principio pro persona, sí nos da pautas para
subrayar, una vez más, la importancia de analizar la aplicación de los distintos principios en el contexto
de los casos específicos. Es importante resaltar, como complemento de lo anterior, que en el desarrollo
80 Juicio de amparo directo 14/2010, relacionado con la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 46/2010, quejosa: ***** o
***** o *****, ministra ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, ministro encargado del engrose: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles, Pleno, votación: mayoría de ocho votos, por conceder el amparo liso y llano,
17 de mayo de 2011 (las cursivas son de la autora).