1principio_pro_persona

Caso hipotético particular
4. Orden de
arraigo contra el señor
Alpha
En este contexto:
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Principio pro persona
1. ¿Considera que existen diferencias semánticas entre los enunciados normativos constitucionales
e internacionales?
2. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿estima que dichas diferencias constituyen
una antinomia o contradicción normativa?
3. ¿El juez competente podría realizar el ejercicio interpretativo solicitado por las comunidades
indígenas sin que eso implique la inaplicación en el caso concreto de la norma
constitucional?
4. ¿Habría algún problema jurídico de consideración al momento de conformar el parámetro
de control que sirva como referencia para la interpretación y aplicación de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable?
Como ya se ha discutido, el párrafo octavo del artículo 16 constitucional contiene una restricción
expresa de los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, la cual no
está contenida –o permitida– en los tratados internacionales relevantes. Regresemos a las
preguntas arriba planteadas, ahora tomando en cuenta que el texto constitucional permite
que bajo ciertas circunstancias se arraigue a una persona, en contraste con la exclusión de
dicha posibilidad en los tratados internacionales:
1. ¿Considera que existen diferencias semánticas entre los enunciados normativos constitucionales
e internacionales?
2. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿estima que dichas diferencias constituyen
una antinomia o contradicción normativa?
3. ¿El juez competente podría realizar el ejercicio normativo propuesto en el segundo argumento
por el defensor del señor Alpha sin que eso implique la inaplicación en el caso
concreto de la norma constitucional?
4. ¿Qué implicaciones tendría esa inaplicación desde la perspectiva de la fuerza normativa
de la Constitución?
La determinación de cómo se ha de conformar el parámetro de control, con miras a favorecer en todo
momento la mayor protección para la persona, es de tal relevancia que ha acaparado gran parte del
debate actual relacionado con la aplicación –judicial– de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Al respecto, tal como se ha comenzado a detallar, hasta el momento parece haber por
lo menos dos posiciones generales sobre la manera de conformar el parámetro de control en el marco
de nuestro sistema constitucional.
Sin querer simplificar demasiado el debate, a continuación se propone un breve diagrama que, para
fines meramente didácticos, busca sintetizar los principales argumentos de las dos posturas actuales
respecto de la conformación del parámetro de control: la primera, en virtud de la cual se afirma la posibilidad
de segmentar el parámetro de control; y la segunda, que sostiene la importancia de proponer
un parámetro integrado, tal como se planteó originalmente en el expediente Varios 912/2010.