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Principio pro persona
Entonces, una vez que hemos definido que los mandatos de favorabilidad como el in dubio pro reo, favor
libertatis o el principio protector en materia laboral tienen un contenido particular que contrasta con
el mandato general del principio pro persona, regresemos a la pregunta inicial: ¿cuál es la vinculación
entre aquéllos y éste?
Algunos autores han propuesto una relación de género-especie como respuesta a la cuestión planteada.
Es decir, desde esta posición, el pro persona sería el principio general o marco mientras que los otros
mandatos de favorabilidad serían una especie de subprincipios. Sin minimizar el mérito de esta propuesta,
parece necesario reconocer que, como hemos señalado, el principio pro persona fue desarrollado,
de inicio, en el marco del didh. Cronológicamente, la jurisprudencia internacional relevante no es
anterior al reconocimiento, explícito o doctrinario, de otros mandatos de favorabilidad a los que ya nos
hemos referido. Con estas bases, parecería difícil poder afirmar, por ejemplo, que la máxima in dubio
pro reo sea un subprincipio de un criterio hermenéutico que se desarrolló, en el mejor de los casos, de
forma paralela e independiente del primero.
Más allá de estas consideraciones cronológicas, lo cierto es que todos estos principios coexisten actualmente
en nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, otra forma de concebir la relación entre
el principio pro persona y otros mandatos de favorabilidad sería hacer una analogía con el principioderecho
a la igualdad. 44 Tal como ha afirmado el Pleno de la scjn:
la igualdad se configura en nuestra Constitución federal como uno de los principios estructurales del
orden jurídico, lo cual implica, que ha de servir como criterio básico para la producción normativa, así
como a su posterior interpretación y aplicación […] [L]a Constitución plasma diferentes facetas de la
igualdad, y se refiere a ella, a veces en un plano general y a veces en el contexto de un ámbito material
específico. Así, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 1º de la Constitución contiene una afirmación
general del principio de igualdad en el disfrute de las garantías individuales que la misma otorga; en el tercer
párrafo de dicho artículo se establece la prohibición de discriminar por varios motivos expresamente
enumerados, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los
derechos y libertades de las personas. 45
Inmediatamente después de esta afirmación, la scjn destaca la forma en que otras disposiciones constitucionales
–incluidos los artículos 2º, apartado B; 4º, 13, 14, 17 y 31– reconocen facetas específicas
y concretas del principio general de igualdad. Con estas bases, la scjn ha desarrollado una doctrina
constitucional respecto de la manera en que se deberá evaluar, en un caso concreto, si una ley o un acto
de autoridad resulta violatorio del derecho a la igualdad.
44 Un ejercicio analógico como el propuesto deberá tomar en cuenta que, como se discutirá más adelante, en contraste con el principioderecho
a la igualdad, el principio pro persona no incorpora un derecho sustantivo de las personas. En este sentido, para determinar
si en un caso concreto se ha o no observado el principio, se deberá atender a la forma en que se ha dotado de contenido a un derecho
en cuestión.
45 Amparo en revisión 514/2007, doc. cit., considerando quinto.