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segundo
argumento
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Principio pro persona
A partir del contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, particularmente
el párrafo segundo del artículo 1º, y la determinación de la validez de la orden de arraigo
y de las normas secundarias que lo sustentan, se debe tomar como parámetro la norma que más
proteja a la persona. En este caso, las normas más protectoras están contenidas en los tratados
internacionales, los cuales no establecen la posibilidad de restringir la libertad personal de una
persona en virtud de una orden de arraigo.
Con base en el artículo 29 de la c A d h y en el artículo 27 de la Convención de Viena, no se podrá
alegar ninguna norma interna, incluso una constitucional, para restringir un derecho, más allá de
los términos en que está reconocido en un tratado internacional.
Por lo tanto, en el caso en cuestión los artículos 16 constitucional y décimo primero transitorio no
resultan aplicables a la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Con relación al segundo argumento, responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las normas en que se fundamenta el argumento?
2. ¿Qué relevancia otorga este argumento a las normas constitucionales?
3. ¿Qué respuesta propone este argumento frente al principio de supremacía constitucional y la interpretación
constitucional derivada de su artículo 133?
tercer Con base en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cualquier restricción que
argumento afecte a éstos deberá ser interpretada de la forma más limitada posible. Esto implica, en principio,
que ninguna norma secundaria podrá ampliar los supuestos de aplicación contenidos en el artículo
16 constitucional, párrafo octavo. Dichos supuestos limitan la posibilidad de otorgar una orden de
arraigo: a) a los casos de delincuencia organizada; b) siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o c) cuando exista riesgo de fuga. Evidentemente,
la norma local excede por mucho los supuestos de aplicación antes referidos.
Respecto del artículo décimo primero transitorio, y a partir del principio pro persona, es consecuente
afirmar que una disposición de tal tipo no puede ser interpretada de forma que amplíe los
supuestos de restricción de un derecho humano. Esto sería contrario a las obligaciones constitucionales
e internacionales en la materia. El plazo máximo establecido en tal disposición no puede
entenderse como una referencia absoluta del tiempo en que podrán seguir operando las normas de
arraigo locales. Por el contrario, con base en la obligación de favorecer la interpretación más benéfica
para la persona, se deberá considerar que las normas locales no podrán exceder los supuestos
de aplicación de la norma constitucional tan pronto como se haya adoptado cualquier medida con
miras a la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción respectiva.
Alternativamente, en caso de que se determine la validez de la orden de arraigo y de las normas
locales respectivas, se deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que esta forma
de privación de la libertad no afecte el goce de otros derechos, incluida la presunción de inocencia
y, en general, el debido proceso en el marco del procedimiento penal. En este sentido, el juez constitucional
deberá dotar de contenido específico a los supuestos bajo los cuales se puede otorgar
una orden de arraigo, interpretándolos de la manera más restrictiva posible. Así, por ejemplo, el
juez deberá determinar qué ha de entenderse por “el éxito de la investigación” o la “protección de
personas o bienes”, indicando también el estándar de prueba al que deberá sujetarse la solicitud
presentada por el Ministerio Público, con el fin de considerarse como procedente. En caso de que el
juez no realice la interpretación constitucional señalada, estaría delegando a la autoridad ministerial
la evaluación de todos los elementos necesarios para determinar la privación de la libertad, sin que
éste quede sujeto a un control efectivo. Lo anterior equivaldría a una detención arbitraria, lo cual
está prohibido tanto por la Constitución como por los tratados internacionales relevantes, incluido
el artículo 7.3 de la c A d h.
Con relación al tercer argumento, responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las normas en que se fundamenta el argumento?
2. ¿Qué relevancia otorga este argumento a las normas internacionales y constitucionales?
3. ¿Podría afirmar que este argumento integra la reforma constitucional en materia de derechos humanos? En particular,
tome en cuenta lo que se refiere al principio pro persona.