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Principio pro persona
Así, en la doctrina constitucional colombiana, el concepto del bloque de constitucionalidad
puede ser utilizado en, por lo menos, dos sentidos y no siempre implica el reconocimiento de
la jerarquía constitucional de normas externas al texto fundante.
2. La interpretación conforme que, si bien ha sido tradicionalmente utilizada para referirse a una
técnica de interpretación de normas secundarias, en el marco de la reforma constitucional en
nuestro país se ha propuesto en términos distintos. De esta manera, siguiendo a autores como
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, actual juez de la Corte idh, la interpretación conforme es un
criterio hermenéutico aplicable a todas las normas de derechos humanos –constitucionales o
infraconstitucionales– que ordena la armonización entre la Constitución y los tratados internacionales
en la materia, integrando, además, el principio pro persona. 52
Sin minimizar el mérito propio de cada uno de estos conceptos, hasta la fecha la scjn no ha adoptado
ninguno de ellos, por lo menos en el sentido propuesto por la doctrina nacional o comparada. Con
base en los argumentos presentados en las sesiones púbicas de la scjn, la mayoría de los ministros ha
rechazado, por motivos diversos, el concepto de bloque de constitucionalidad. En cuanto a la interpretación
conforme, la scjn se ha referido a ésta desde una definición más clásica de ella, a la cual ya nos
hemos referido.
Con pocos o nulos precedentes académicos o jurisprudenciales a los cuales referirse, la judicatura mexicana
parece estar construyendo una doctrina propia a través de la cual se determine el contenido y
alcance del párrafo segundo del artículo 1º constitucional. En el centro de la discusión se encuentra la
misma pregunta: después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿cuál es el referente
normativo –parámetro de control– contra el cual se deberá determinar el sentido de las normas
al aplicarlas en un asunto concreto o, en su caso, determinar su invalidez, particularmente cuando se da
una coexistencia entre los artículos 1º y 133 constitucionales?
En este sentido, lo primero que queda claro es que la reforma constitucional en materia de derechos humanos
no modifica de manera alguna las disposiciones constitucionales que rigen la integración formal
de los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico. En virtud del artículo 133 constitucional y
la ley reglamentaria en la materia, los tratados internacionales –todos ellos– tendrán que ser firmados
por el presidente o por la persona en quien se deleguen los poderes respectivos, para posteriormente ser
presentados al Senado para su aprobación. Una vez que ésta se tenga, el Ejecutivo podrá depositar los
de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino
también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional –bloque de constitucionalidad estricto sensu–, y
en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran parámetros necesarios para el análisis de las
disposiciones sometidas a su control –bloque de constitucionalidad lato sensu–”. Véase también Rodrigo Uprimny Yepes, “El bloque
de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”, en Dejusticia. Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, diciembre de 2005.
52 Véase Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez
mexicano”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam (serie Doctrina Jurídica, núm. 609), 2011, pp. 339-429.