1principio_pro_persona

normas constitucionales
normas relevantes para el caso
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Principio pro persona
• Artículo 16, párrafo octavo: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación,
la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la
acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten
las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.
• Artículo décimo primero transitorio: “En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del
Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de
delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días”.
normas legales locales
• c p p d f,
artículo 270 bis: “Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el
arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales
de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado,
resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se
prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate,
pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público. El juez
resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo”.
normas internacionales
• c A d h, artículo 7º: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones
políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención
o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.
• c A d h, artículo 8.2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad”.
• p i d c p,
artículo 9º: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada
contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su
caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de
su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o
presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.
• p i d c p,
artículo 14.2: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
Antes de proponer las bases para el análisis crítico del caso es importante destacar que, si bien para efectos de
este ejercicio nos limitaremos al análisis de las normas internacionales ya trascritas, la práctica del arraigo puede
llevar a la vulneración de otros derechos reconocidos tanto en nuestro texto constitucional como en los tratados
internacionales relevantes.
De la misma forma, un análisis integral sobre la cuestión indiscutiblemente requeriría del estudio de los criterios de
interpretación relevantes emitidos tanto por el p jf como por la Corte i d h u otros organismos internacionales de derechos
humanos, y no sólo de los enunciados normativos mencionados.