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Principio pro persona
En el extremo opuesto –aunque con resultados similares– se hallan quienes sostienen que el principio
pro persona también es un criterio que determina la preferencia normativa en caso de que se presente una
antinomia entre las normas que habrían de conformar el parámetro de control. Con base en esta premisa,
el juzgador deberá utilizar la norma más protectora de la persona, sea ésta de fuente constitucional
o internacional, como estándar para guiar la interpretación y aplicación de las normas secundarias. En
este extremo, el resultado es el mismo: se reconoce la posibilidad de segmentar el parámetro de control,
de manera que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad no tengan siempre que
coexistir en los casos concretos. El fundamento jurídico de esta postura también es una serie de artículos
constitucionales y, sobre todo, el principio pro persona, tal como ha sido consagrado en el párrafo
segundo del artículo 1º constitucional.
En este mar de argumentos, la diferencia sustantiva entre esas dos posturas radica en que, a partir de los
argumentos de esta última, el control de convencionalidad podrá –deberá– ser ejercido a pesar de que
exista una contradicción con la Constitución, siempre y cuando la norma internacional represente la
opción que más favorezca a la persona en el caso concreto.
A la fecha, esta postura parece haber sido adoptada en una jurisprudencia emitida por la Primera Sala
de la scjn. De manera textual, el criterio establecido por este órgano establece lo siguiente:
De conformidad con el texto vigente del artículo 1º constitucional, modificado por el decreto de reforma
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos
fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan
deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos
casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho
fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Consti-
• Artículo 1º: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
• Artículo 15: “No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del
orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud
de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte”.
• Artículo 105: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes […] ii. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma
de carácter general y esta Constitución […] b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de
leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado
Mexicano; c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como
de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano”.
• Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión”.