1principio_pro_persona

cuadro 29. Caso hipotético marco 82
constitución del patrimonio de familia por parte del señor Juárez toscano
planteamiento de la problemática
85
Principio pro persona
Para analizar el punto bajo estudio, regresemos al análisis de la demanda presentada en contra del señor Juárez
Toscano por parte del prestatario privado. Antes de plantear las preguntas relevantes, es importante recordar que,
de acuerdo con los hechos del caso, el señor Juárez Toscano había contraído una deuda con un prestatario privado,
que estaba garantizada a través de un pagaré suscrito por el deudor. Ante la posibilidad real de que el acreedor
ejerciera sus derechos y demandara, vía la acción correspondiente, el embargo de la mayor parte del patrimonio
del señor Juárez Toscano, éste solicitó ante un juez civil la constitución de un patrimonio familiar. Al enterarse de
dicha situación, el prestatario privado promovió una acción pauliana, a través de la cual solicitó se determinara la
inexistencia del acto a través del cual se constituyó el patrimonio referido.
En la contestación de la demanda, el señor Juárez Toscano argumentó que la constitución del patrimonio familiar
era una medida indispensable para garantizar los derechos a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de él
y de su esposa, en virtud de que no existen programas públicos que den acceso, como profesionista independiente
retirado, a los bienes y servicios mínimos que requiere para la satisfacción de tales derechos.
Hasta el momento, el debate se ha propuesto desde la tutela de los derechos humanos del señor Juárez Toscano y
su esposa. Desde este punto, hemos cuestionado si es posible considerar que los derechos invocados por las partes
en el juicio son de la misma naturaleza. Por un lado, los derechos humanos a la salud, a la seguridad social y al
mínimo vital frente a los derechos contractuales privados. Recuerde que, en su momento, el prestatario particular
fundamentó su demanda en el artículo 2163 del c c d f 82 y en una tesis aislada, emitida por un Tribunal Colegiado de
Circuito, cuyo rubro señala: “Patrimonio familiar. Si un crédito se contrajo con anterioridad a su constitución, los
bienes que lo forman deben soportar las consecuencias de la condición jurídica que guardan al entrar en él (legislación
del estado de Coahuila)”.
En este sentido, en distintas secciones de este módulo se ha sugerido analizar la cuestión desde la perspectiva del
principio pro persona como mandato constitucional que obliga a interpretar las normas de derechos humanos de
manera que se favorezca la protección más amplia para las personas en todo momento, con miras a determinar
el parámetro de control aplicable y, en un ejercicio subsecuente, la interpretación que se debería dar a las normas
secundarias. En este caso, el artículo 2163 del c c d f. Antes de continuar con el análisis del caso, vuelva a considerar
estas preguntas.
análisis crítico del caso
Con base en los argumentos presentados por el señor Juárez Toscano, en la siguiente oportunidad procesal el prestatario
privado procedió a complementar sus propios argumentos. De esta forma, solicitó al juez de la causa que en
la interpretación del artículo correspondiente del c c d f garantizara, además, sus derechos humanos a la propiedad
y a la seguridad jurídica, tal como están reconocidos en la c p e u m y en diversos tratados internacionales de los que
México es parte. Siguiendo el argumento presentado por el prestatario privado, en caso de que el juez no decretara
la inexistencia del acto en virtud del cual se creó el patrimonio familiar del señor Juárez Toscano, no sólo estaría
realizando una aplicación errónea de la norma secundaría, sino que también estaría violando el derecho a la propiedad
privada y a la seguridad jurídica. Los actos jurídicos celebrados entre particulares tienen una protección que
no sólo depende de las normas secundarias, sino que detrás de ellos existen derechos fundamentales e intereses
constitucionales que deben ser observados por parte de los intérpretes del sistema jurídico.
82 Código Civil para el Distrito Federal, artículo 2163: “Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse,
a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a
ellos”.