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Principio pro persona
utilizado la dimensión objetiva de los derechos humanos para darles efecto en las relaciones
privadas (objeto de estudio de la siguiente sección) y para afirmar la dimensión positiva de
las obligaciones estatales frente al desarrollo de los derechos humanos, más allá de si existe
una prestación subjetiva individual que pueda ser exigida por una o un ciudadano. En otras
palabras, la dimensión objetiva de los derechos humanos los proyecta en un campo de la actuación
estatal que no necesariamente corresponde al cumplimiento de obligaciones concretas
que pueden ser exigidas por los titulares de los derechos subjetivos. En esta proyección, los
derechos humanos también son directrices y reglas de actuación legislativa, garantías procesales
que deben ser observadas en la toma de decisiones en cuanto al diseño e implementación
de acciones que puedan afectar los derechos humanos, exigencias sobre la participación de las
personas frente al Estado, y principios para la organización de las instituciones y estructuras
de poder, entre otros.
3. Los derechos humanos tienen una dimensión vertical que se proyecta en la obligación de las
autoridades estatales de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Asimismo, éstos
se proyectan en una dimensión horizontal, lo que implica la posibilidad jurídica de que se constituyan
en límites de la actuación de los particulares.
En este contexto, es importante destacar que si bien se continúa sosteniendo la improcedencia
del juicio de amparo en contra de actos de particulares, dicha limitación procesal no conlleva,
como lo ha sostenido la Primera Sala de la scjn, una afirmación sobre la inaplicabilidad de los
derechos humanos en las relaciones particulares. Así, al resolver un caso en concreto, el juzgador
deberá tener en cuenta la importancia de interpretar las normas secundarias de tal manera
que se dé plena eficacia a la dimensión horizontal de los derechos humanos.
cuadro 14. Decisiones nacionales e internacionales relacionadas con las dimensiones de los derechos
decisiones nacionales e internacionales relevantes en la construcción de los criterios
arriba identificados
1. Amparo directo en revisión 1302/2009, recurrente: *****, ministra ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, secretaria: Rosalía Argumosa López, 12 de mayo de 2010.
2. Amparo en revisión 96/2009, quejoso: Técnica Alimenticia con Sabor, S. A. de C. V., ministro ponente: José
Ramón Cossío Díaz, secretarias: Fabiana Estrada Tena, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Francisca
María Pou Giménez, 15 de marzo de 2011.
3. Amparo directo 28/2010, quejoso: Demos, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., ministro ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, secretario: Javier Mijangos y González, 23 de noviembre de 2011.
4. Corte i d h, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva o c-18/03 del 17
de septiembre de 2003, serie A, núm. 18.
Sin embargo, los criterios antes enunciados no son los únicos mandatos de favorabilidad reconocidos
en nuestro sistema jurídico. Cualquier persona familiarizada con el lenguaje jurídico reconocerá inmediatamente
máximas latinas como in dubio pro reo, favor libertatis o pro actione; así como otras formu-
derechos [humanos] […] De hecho, [estos] derechos […] poseen además otra significación, esta vez objetiva […] Esto es, junto al
carácter jurídico-subjetivo de la norma fundamental, tal y como ya se ha apuntado, es posible extraer también contenidos de carácter
objetivo”.