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cuadro 11. Decisiones nacionales relacionadas con la interpretación de normas secundarias
Decisiones nacionales relevantes en la construcción de los criterios arriba identificados
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Principio pro persona
1. Acción de inconstitucionalidad 2/2010, promovente: procurador general de la República, ministro ponente:
Sergio A. Valls Hernández, secretaria: Laura García Velasco, 16 de agosto de 2010.
2. Amparo directo 28/2010, quejoso: Demos, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., ministro ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, secretario: Javier Mijangos y González, 23 de noviembre de 2011.
3. Acción de inconstitucionalidad 155/2007, promovente: procurador general de la República, ministro ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz, secretarios: Raúl M.
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, 7 de febrero de 2012.
b) Vinculación del principio pro persona con otros principios de interpretación favorable
De manera paralela a los criterios descritos, el uso efectivo del principio pro persona requiere, sin duda,
que los operadores jurídicos hagan uso de distintos elementos de la doctrina constitucional nacional
en donde se detallan los alcances y particularidades de la interpretación de los derechos humanos en
ciertos contextos. Entre dichos criterios a continuación se destacan aquellos que corresponden, además,
con lo que la doctrina especializada en el tema ha denominado como la fuerza expansiva de los derechos
humanos, la cual constituye una característica que se deriva de la propia naturaleza de estos derechos.
1. La presunción inicial es que todas las personas son titulares de todos los derechos, por lo que pueden
exigir su protección de forma directa e inmediata ante las autoridades competentes. Esta
afirmación se ha concretado en el principio-derecho a la igualdad, consagrado tanto en nuestra
Constitución como en distintos tratados internacionales.
Para determinar si la distinción establecida en una norma secundaria, en cuanto a las cargas
impuestas para el ejercicio o exigibilidad de un derecho humano por parte de un grupo o
categoría específica de personas, está conforme a la Constitución y a los tratados internacionales
de derechos humanos, se deberá recurrir a los criterios establecidos por nuestra doctrina
constitucional en cuanto al test de igualdad. 35 Al mismo tiempo, en razón de éste, el juzgador
deberá determinar si a) existe una finalidad constitucionalmente admisible para la distinción
introducida por el legislador ordinario; b) la distinción está racionalmente conectada con el
fin, y c) ésta es proporcional, considerando los derechos y bienes afectados. Claro está que
si tales derechos han sido reconocidos constitucional o internacionalmente como derechos
humanos, el juzgador deberá aplicar un test de proporcionalidad estricto con el objetivo de determinar
si la afectación generada por la distinción no es excesiva con respecto a la presunción
inicial de que todas las personas deben poder ejercer y exigir sus derechos libremente y en
igualdad de circunstancias.
35 Al respecto véanse, por ejemplo, Amparo directo en revisión 988/2004, quejoso: *****, ministro ponente: José Ramón Cossío Díaz,
secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles, 29 de septiembre de 2004; Amparo en revisión 173/2008, quejosa: *****, ministro ponente:
José Ramón Cossío Díaz, secretaria: Dolores Rueda Aguilar, 30 de abril de 2008; y Amparo en revisión 7/2009, quejoso: Costco de
México, S. A. de C. V., ministro ponente: José Ramón Cossío Díaz, secretarias: Francisca María Pou, Fabiana Estrada Tena y Paula
García Villegas, 15 de marzo de 2011.