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Principio pro persona
La premisa detrás de estas consideraciones es sencilla: los derechos humanos no son absolutos y, por
ende, su ejercicio puede ser regulado a través de medidas legislativas o de otro tipo. Esta regulación
implica, a fin de cuentas, la limitación de los derechos humanos por lo que, debido a la presunción de
primacía de éstos frente al ejercicio del poder público, dichas limitaciones deben entenderse como una
excepción a la regla. De otra forma, los intentos de protección a los derechos de terceras personas o de
intereses sociales esenciales podrían devenir en la actuación arbitraria de las autoridades estatales.
En este contexto es importante preguntarnos cómo opera el principio pro persona cuando nos enfrentamos
ante una colisión de derechos. A lo largo del módulo hemos afirmado que el principio pro persona
implica la interpretación más restringida de las limitaciones impuestas al ejercicio de los derechos humanos.
Sin embargo, todavía cabe preguntarnos si esta afirmación es suficiente para enfrentar una situación
en la que exista una confrontación entre el goce, ejercicio y/o exigibilidad de distintos derechos.
cuadro 26. Caso hipotético particular 5
planteamiento de la problemática
libertad del ejercicio profesional de la doctora romo Velazco
En 2005, Julieta Romo Velazco obtuvo su cédula profesional de la autoridad competente. De conformidad con las
normas aplicables, este documento tenía efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura
como médico. Poco tiempo después, la doctora Romo se unió a un grupo privado de médicos especializados
en la realización de cirugías estéticas y cosméticas de rostro y cuello. Poco a poco, la doctora Romo comenzó a ser
conocida entre ciertos círculos por el trabajo que realizaba en esta práctica privada, sin que se hubiera reportado
ningún problema de importancia con sus pacientes o colegas.
No obstante, el ejercicio profesional de la doctora Romo se vio fuertemente impactado por un paquete de reformas
legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2007. En estas nuevas disposiciones se estableció,
por mandato legal expreso, que todas las personas en ejercicio de la profesión de médico cirujano con especialidad
en cirugías estéticas debían cumplir con una serie de requisitos para que la autoridad competente otorgara una
certificación vigente de especialista y una licencia sanitaria vigente respecto de las instalaciones médicas en donde
desarrollan su práctica, esto como requisitos indispensables para continuar ejerciendo profesionalmente.
Ante tales medidas, la doctora Romo promovió un juicio de amparo a través del cual alegó que las disposiciones
legales publicadas en junio de 2007 representaban una limitación legal inconstitucional a su derecho a la libertad
de trabajo, consagrado tanto en la Constitución federal como en diversos tratados internacionales. Como sustento
jurídico de esta afirmación, la demanda de la doctora Romo citó las siguientes disposiciones constitucionales y
convencionales:
• c p e u m, artículo 5º: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad […] La ley determinará en cada Estado, cuáles son las
profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades
que han de expedirlo”.
• Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo x i v: “Toda persona tiene derecho al trabajo
en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de
empleo”.
• Protocolo de San Salvador, artículo 6.1: “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada”.
Según los argumentos de la doctora Romo, ninguna de estas normas establece que se puedan imponer requisitos
específicos para el ejercicio de ciertas profesiones, particularmente cuando se refieren únicamente a una disciplina
o especialidad. Además, la doctora Romo alega que exigir una triple certificación implica una carga tal que vuelve
nugatorio tanto el ejercicio de su profesión como su contratación por parte de sus pacientes, lo cual es un tema
reservado a las relaciones entre particulares en donde el Estado no puede tener ese grado de injerencia.