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Principio pro persona
texto que finalmente fue adoptado en el marco de la reforma constitucional no incorpora una disposición
expresa de prevalencia de la norma internacional para la aplicación del principio pro persona. 60 No
obstante, es importante destacar que tal disposición constitucional tampoco incorpora el principio de
no contradicción con la Constitución 61 ni el de subsidiariedad de las normas internacionales. 62
Con fundamento en este marco normativo, desde la posición integradora del parámetro de control,
cuando la antinomia se genere por una limitación constitucional no prevista en los tratados internacionales,
el juzgador –o la autoridad competente– deberá realizar la interpretación más restringida posible
de la norma respectiva, en aplicación del principio pro persona en su vertiente de preferencia interpretati-
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales
y demás órganos del Poder Público”.
• Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, artículo 424, párrafo segundo:
“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”, y
artículo 426: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque
las partes no las invoquen expresamente”.
60 A manera de complemento, es interesante hacer una breve referencia a los textos que fueron propuestos y/o considerados en el proceso
de reforma constitucional con miras a la incorporación del principio pro persona en nuestro sistema jurídico. En primer término,
destacan los trabajos de un grupo pluridisciplinario de académicos, académicas y organizaciones sociales que, con el auspicio de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentaron en 2008 una propuesta
integral de reforma constitucional en materia de derechos humanos. En ella el texto del párrafo segundo del artículo 1º leería como
sigue: “Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Las normas de
derecho internacional de los derechos humanos prevalecerán en la medida que confieran una mayor protección a las personas en el
goce y ejercicio de sus derechos”. Dicho enunciado, cercano al texto de las constituciones latinoamericanas de más reciente aprobación,
no fue incorporado en la propuesta final de la Cámara de Diputados (actuando como primera cámara de origen). Los textos que, por
el contrario, sí fueron considerados en los respectivos dictámenes de las cámaras del Congreso federal fueron los siguientes:
•
Primer dictamen de la Cámara de Diputados, 23 de abril de 2009: “Tratándose de normas de derechos humanos, éstas se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea
parte. En su aplicación, bajo el principio de no contradicción con esta Constitución, se observará aquellas que resulten más favorables a
los derechos de las personas”.
• Primer dictamen de la Cámara de Senadores, 8 de abril de 2010: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos antes señalados”.
•
Segundo dictamen de la Cámara de Diputados, 15 de diciembre de 2010: “Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia”.
El texto en cursivas de cada enunciado destaca los cambios que la propuesta sufrió en cada uno de los tres dictámenes relevantes.
61 Como se mencionó en la nota anterior, la propuesta incluida en el primer dictamen de la Cámara de Diputados sujetaba la aplicación
de la norma más favorable a la no contradicción entre las disposiciones internacionales y el texto constitucional; sin embargo, dicha
referencia fue excluida en el primer dictamen de la Cámara de Senadores.
62 En el primer dictamen de la Cámara de Senadores no se incluía una fórmula expresa que consagrara el principio pro persona, sino
que únicamente se establecía que la interpretación de las normas de derechos humanos debían realizarse de conformidad con la
Constitución y con los tratados de derechos humanos respectivos. Ante la vaguedad del texto propuesto, resaltaba la posición asumida
en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, según el cual
los tratados internacionales serían de “aplicación subsidiara […] con el objeto de llenar lagunas existentes, sin que esto signifique, en
ningún momento, la derogación o desaplicación de una norma interna. Este sistema no atiende a criterios de suprasubordinación ni
implica un sistema de jerarquía de normas que no se considera conveniente modificar sino que, a través del principio de subsidiariedad,
se abre la posibilidad de que el intérprete de la Constitución pueda acudir a las normas de los derechos humanos consagradas en los
tratados internacionales de los que México sea parte, para ofrecer una mayor garantía a las personas”. Esta posición finalmente fue
rechazada con la propuesta definitiva del segundo dictamen de la Cámara de Diputados; el texto final incorporó de nuevo el principio
pro persona y excluyó el principio de no contradicción y de subsidiariedad.