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segundo análisis
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Principio pro persona
4. ¿Considera que las condiciones establecidas en la ley para el ejercicio de la especialidad médica y la obligación
de contar con una licencia sanitaria vigente constituyen requisitos tan gravosos que hacen nugatorio el derecho
al libre ejercicio de la profesión? Ahora analice los requisitos hipotéticos propuestos en la pregunta anterior.
¿Estimaría entonces que las restricciones impuestas por el legislador hacen nugatorio el derecho reconocido en
el artículo 5º constitucional?
5. ¿Cree que existe una antinomia entre las normas constitucionales e internacionales que reconocen los derechos
a la salud y a la libertad de trabajo? Para delimitar su respuesta, particularmente tome en cuenta el contenido
de los artículos 4º y 5º constitucionales:
• c p e u m, artículo 4º: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción x v i del artículo 73 de esta
Constitución”.
• c p e u m, artículo 5º: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial.
”La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones
que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.
Para complementar su respuesta, tome en cuenta, por ejemplo, los siguientes argumentos establecidos por la Primera
Sala de la s c j n:
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La redacción del artículo 5º constitucional, es clara en individualizar los puntos en que deben interpretarse las limitaciones de
las facultades legislativas de los Estados en materia de profesiones, al establecer que “[l]a ley determinará en cada Estado,
cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo”.
Para esta Sala es claro que la facultad de los Estados prevista en el artículo 5º constitucional, se constriñe a normar las
condiciones de ingreso al ejercicio de las distintas profesiones, la cual debe proyectarse centralmente sobre los procesos y
requisitos necesarios para dicho ingreso, mas no sobre la materialidad e impacto de las actividades concretas realizadas sobre
la base de tales títulos, los cuales, por su evidente heterogeneidad, producen efectos en el mundo jurídico que traspasan a
una infinidad de materias reguladas en otras partes de la Constitución, como por ejemplo, los servicios médicos.
Con base en lo anterior, esta Sala concluye que esta última norma constitucional limita la facultad de los Estados a la determinación
de las condiciones de ingreso de las personas al ejercicio de las distintas profesiones que escojan, fundamento
competencial que les permite regular únicamente cuáles de ellas requieren de un título, los requisitos para su obtención y
las autoridades en la materia.
La facultad de la federación establecida de forma conjunta en el tercer párrafo del artículo 4º y en la fracción x v i del artículo
73 de la Constitución, se proyecta, por su parte, no para definir las condiciones jurídicas de ingreso a la profesión médica,
sino para regular las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y para regular la protección de la salud de
las personas. 66
Esta Sala considera que dentro de esta facultad del Congreso de la Unión, se ubica necesariamente aquella que le permite
regular las condiciones de prestación de los servicios profesionales en materia de salubridad general, por inscribirse éstas
entre aquellas que determinan el grado de protección del derecho de salud de las personas, y, por tanto, debe concluirse que
el Congreso de la Unión es competente para regular la forma en que las actividades realizadas por los profesionales de la
salud, impactan en la calidad de los servicios de salud.
66 N. del E.: Las cursivas son de la autora.