1principio_pro_persona

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Principio pro persona
integral del marco normativo constitucional. Por el contrario, se implantan en un sistema ya constituido
que sigue respondiendo en muchos casos a la inercia de la interpretación formalista de las (antiguas)
garantías individuales. En este sentido, un primer paso para asegurar la operatividad de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos es reconocer las particularidades de nuestro sistema,
de forma que podamos proponer respuestas adecuadas a las condiciones específicas de nuestra realidad
particular.
Sin pretender dar un diagnóstico exhaustivo de la especificidad de nuestra (actual) estructura constitucional
en materia de derechos humanos, a continuación se presenta una serie de elementos que deben
servir para orientar los temas que se discutirán en este módulo: 1
a) En nuestro texto constitucional aún coexisten distintas normas que contienen elementos concretos
para determinar la relación o interacción entre la Constitución y los tratados internacionales.
Para efectos de este módulo se otorgará particular énfasis a los artículos 1º y 133
constitucionales. 2
b) Por mandato expreso constitucional, todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar
de manera que favorezcan la mayor protección para la persona (principio pro persona).
c) Si bien el artículo 1º constitucional incorpora este principio, no establece a la par un criterio
preciso de solución de antinomias normativas entre la Constitución y los tratados internacionales.
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d) En contraste con otros sistemas binarios en los que coexiste una suprema corte y un tribunal
constitucional, la scjn ha asumido primariamente funciones de control constitucional (concentrado),
dejando a otros tribunales la posibilidad de servir como última instancia en los
casos que –antes de la reforma– no abordaban temas constitucionales. 4
1 Las características normativas e institucionales enunciadas en este documento, y cualquier otra que pueda identificarse, no implican
necesariamente una posición de desventaja frente a otros países. Simplemente muestran que en la operación de la reforma constitucional
se deben tener en cuenta todas estas particularidades, de manera que efectivamente se sienten las bases para tutelar, de forma idónea,
los derechos de todas las personas.
2 Como se discutirá a detalle más adelante, un aspecto central del debate en la scjn ha sido la coexistencia de los párrafos primero y
segundo del artículo 1º y el artículo 133 constitucionales. Como preámbulo a dicha discusión, es importante tener en mente que por
muchos años el artículo 133 fue la única norma constitucional con base en la cual se entendió, en nuestra doctrina constitucional,
la relación entre la Constitución y los tratados internacionales, sin importar cuál fuera su naturaleza –comerciales, aduaneros, de
cooperación penal, de derechos humanos, etc.–. El artículo 1º constitucional se establece como una disposición que contiene una
norma específica aplicable a los tratados internacionales que contengan una norma de protección de la persona.
3 Sin ahondar más de lo necesario en los debates que precedieron la reforma constitucional, es pertinente resaltar que dos años antes de
su aprobación un grupo de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, convocados por la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentó un documento que contenía una propuesta integral de lo que
a su juicio debía ser la reforma constitucional en materia de derechos humanos. De manera concreta, con respecto a la incorporación
constitucional del principio pro persona, este grupo plural propuso el siguiente texto: “Las normas de derechos humanos contenidas
en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Las normas de derecho internacional de los derechos humanos
prevalecerán en la medida que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos”. Evidentemente, esta
propuesta no fue incluida en la versión definitiva de la reforma constitucional; sin embargo, tenía ventajas comparativas importantes
considerando que, en línea con algunas de las constituciones latinoamericanas más modernas, establecía un criterio específico para la
solución de las antinomias que se presentarían entre la cpeum y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
4 En muchos países latinoamericanos, la introducción de la jurisdicción constitucional implicó, además, la creación de un órgano
especializado para conocer de este tipo de asuntos, como los tribunales y cortes constitucionales. La creación de estos órganos no
implicó, sin embargo, la desaparición de las cortes supremas; por el contrario, éstas retuvieron su función como tribunales de última