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Principio pro persona
En este caso, de la lectura inicial de los últimos enunciados normativos, a la luz del primer grupo de
enunciados constitucionales e internacionales, tampoco surge alguna antinomia evidente o explícita.
Así, la contradicción tendría que ocurrir de una norma secundaria o acto de aplicación que estableciera
condiciones de ejecución o exigibilidad de uno de los derechos que, en el caso particular, resultara aparentemente
incompatible con la satisfacción del otro. Por ejemplo, si el órgano legislativo competente
aprobara una ley a través de la cual se promueve la investigación, desarrollo y uso de alimentos genéticamente
modificados, atendiendo a la obligación estatal de perfeccionar las técnicas de producción de
bienes destinados a la alimentación a través del uso de tecnología –tal como lo establecen los artículos
12 del Protocolo de San Salvador y 11 del pidesc–. Ahora bien, en contraposición con esta legislación,
se podría argumentar que la introducción de características no naturales al genoma de la especie, a
través de la ingeniería genética, podría tener consecuencias ambientales desconocidas, esto en contradicción
con el principio precautorio en materia de protección del medio ambiente.
En este supuesto, la solución no estaría en la aplicación del criterio de especialidad, temporalidad o
incluso de jerarquía. Ninguno de ellos resultaría adecuado para superar la contradicción normativa
generada por la norma secundaria que involucra la satisfacción de dos derechos humanos reconocidos
constitucional e internacionalmente. Por el contrario, la respuesta estaría en un ejercicio de ponderación
de los derechos involucrados, el cual será objeto de análisis detallado en la siguiente sección. Ahora basta
con destacar que en realidad la antinomia se origina, nuevamente, en virtud de una norma secundaria
o acto de aplicación; no en la interpretación de la norma base del derecho. En otras palabras, tanto en
el contexto en que existe una presunta antinomia entre una norma de rango superior y una disposición
de rango inferior, como en aquel en que hay un aparente conflicto entre dos normas que consagran la
forma básica de un derecho humano, en virtud de su delimitación por parte de una norma secundaria,
el problema central no afecta la forma en que se construye el parámetro de control de la disposición
legal o acto de aplicación. El caso contrario es cuando la antinomia existe, en efecto, entre dos normas
esenciales del sistema que reconocen la forma más básica de un derecho humano.
cuadro 24. Análisis crítico de los casos hipotéticos particulares 3a y 4 54
consulta de los pueblos indígenas en programas de desarrollo y orden de arraigo
contra el señor alpha
Con el objetivo de comprender mejor el problema de las antinomias que pueden existir entre las normas que conformaría
el parámetro de control, responda las siguientes preguntas:
Caso hipotético particular
3a.
Consulta de los pueblos
indígenas en programas
de desarrollo
54 N. del E.: Las cursivas son de la autora.
Como se ha discutido antes, el artículo 2º, apartado B, fracción i, de la c p e u m establece que
las autoridades estatales deberán “[i]mpulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas
con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación de las comunidades”. 54
En el recurso promovido por las comunidades interesadas se ha solicitado al juez que
realice una interpretación armónica de este enunciado constitucional, con el objetivo de
que el término participación sea compatible con los estándares internacionales respecto al
derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada.