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Principio pro persona
Con estas dos opiniones consultivas, la Corte idh demuestra entonces los elementos esenciales de la
operación del derecho pro persona que son capturados en la definición propuesta por el juez Piza Escalante.
Se podrá –incluso se deberá– recurrir a otras normas jurídicas para interpretar expansivamente
el contenido y alcance de los derechos –interpretación expansiva de los derechos humanos–, pero nunca se
podrá realizar lo mismo para ampliar las limitaciones que las normas básicas del sistema impongan al
ejercicio de los derechos humanos –interpretación restrictiva de las limitaciones.
Años después de que la Corte idh emitiera estas decisiones, la profesora Mónica Pinto propuso nuevamente
una definición del principio pro persona. En sus palabras, este principio
es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos
e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. 15
A diferencia del juez Piza, Mónica Pinto propuso esta definición en el marco de una discusión sobre
la integración del didh en los sistemas jurídicos nacionales. El fundamento de su argumento fue reconocer
que en los sistemas jurídicos actuales coexiste una multiplicidad de normas de origen nacional
–constitución, leyes, reglamentos– e internacionales –tratados, protocolos, declaraciones o incluso normas
consuetudinarias– que reconocen los derechos humanos de las personas. Como afirma la autora,
[s]in perjuicio de la autonomía de cada orden jurídico para determinar los modos de su integración,
para establecer el orden jerárquico de sus normas y, por lo tanto, individualizar los criterios para resolver
y superar los eventuales conflictos que puedan plantearse, la pluralidad de fuentes apuntada impone [la
necesidad de desarrollar criterios específicos que deriven en] una compatibilización respecto del alcance de
los derechos protegidos y las obligaciones asumidas por los Estados. 16
En el fondo, lo que parece permear las afirmaciones sostenidas tanto por el juez Piza Escalante como
por Mónica Pinto es el reconocimiento de que, cuando se trata de un caso que involucre derechos humanos,
la interpretación de las normas debe ampararse en su peso sustantivo, no en criterios formalistas
que pongan en peligro el ejercicio efectivo de éstos. En ese contexto, nos ubicaríamos en un debate que
parece identificar a los derechos humanos como normas-principios, tal como han sido definidos por
autores como Robert Alexy. En su propuesta teórica, éste afirma que los principios, entre los que se
‘condiciones que establezca la ley’, es un derecho exigible per se”. Véase “Opinión Separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante”, en Corte
idh, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
doc. cit. (las cursivas son de la autora).
15 Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en Martín
Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires,
Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto, 1997 (las cursivas son de la autora). Hay que reconocer que la mayoría de
la literatura latinoamericana que ha estudiado el tema del principio pro persona utiliza la definición propuesta por Mónica Pinto y no
se refieren directamente al voto del juez Piza Escalante, a pesar de ser cronológicamente anterior al trabajo de Pinto.
16 Idem (las cursivas son de la autora).