Revista nº 35, 3º trimestre año 2010 (PDF 5,11 Mb) - Asociación ...

doctrina
Revista de responsabilidad civil y seguro
doctrina
que puede soportar un individuo medio normal;
es decir, se consideran normales aquellas inmisiones
que no superan el grado medio de receptividad
o sensibilidad hacia las mismas, de
manera que no se tiene en cuenta la particular
tolerancia del concreto sujeto reclamante en
función de sus particulares condiciones, sino
el grado de tolerancia de un individuo medio
normal. Determinado dicho grado medio –en el
caso de las inmisiones electromagnéticas no
ionizantes– en las 100 microteslas de la Recomendación
del Consejo de la Unión Europea y
normativa española plasmada en Real Decreto
1066/2001 del 28 de septiembre, estando por
debajo del mismo, llegamos a la conclusión de
que no debe prosperar la acción de inmisión
ilegítima por no superar el mínimo a partir del
cual se considera intolerable la inmisión. Si, por
el contrario se traspasara ese umbral de tolerancia,
la acción debería prosperar. Respecto
del posible ejercicio de la acción de responsabilidad
civil se plantean varios problemas. En
primer lugar el relativo a la imposibilidad de
acreditación del daño en los casos de inmisión
de ondas electromagnéticas no ionizantes. Es
jurisprudencia reiterada la necesaria concurrencia
de este requisito, que, además, debe
acreditarse en la litis correspondiente. Resulta
improcedente declarar la responsabilidad civil
del causante de la inmisión si no se acredita el
daño. Ahora bien, el perjudicado siempre podrá
invocar que siente el daño como apreciación
subjetiva, por el mero hecho la de actividad molesta
25 .
Existe un consenso generalizado a la hora
de entender que el ruido 26 puede llegar a representar
una afección para los derechos constitucionales
a la integridad física y moral, a la
intimidad personal y familiar, y a la inviolabilidad
del domicilio, aparte de suponer una agresión al
medio ambiente 27 .
25
Véase ITURMENDI MORALES, GONZALO, Ponencia “Nanotecnología. ¿Son sufi cientes los instrumentos de responsabilidad civil actuales para
hacer frente a los riesgos presentes y futuros o existe necesidad de crear nuevas normas Crítica a las normas ya existentes. Sugerencias prácticas”.
Madrid, 16 de abril de 2010, del I Congreso ‘Nuevas tecnologías y sus repercusiones en el Seguro: Internet, biotecnología y nanotecnología’
(en prensa Cuadernos de la Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro).
26
Véanse sobre ruidos, olores y daño mora: SAP Baleares núm. 69/2005 (Sección 5ª), de 21 febrero (JUR 2005, 118262). SAP Pontevedra
núm. 336/2001 (Sección 1ª), de 17 octubre (JUR 2002, 15960). SAP Madrid (Sección 14ª), de 10 diciembre 2001 (AC 2002, 607). SAP
Salamanca núm. 607/2000 (Sección 1ª), de 13 noviembre (JUR 2001, 29965). Vibraciones. SAP Baleares núm. 97/2003 (Sección 3ª), de
14 febrero (JUR 2003, 196438). SAP Valencia núm. 240/2005 (Sección 7ª), de 13 abril (JUR 2005, 129904). SAP Sevilla (Sección 5ª), de
2 diciembre 2002 (JUR 2003, 147425). SAP Burgos núm. 669/2001 (Sección 2ª), de 29 noviembre (AC 2002, 118). SAP Navarra núm.
137/2005 (Sección 1ª), de 6 julio (AC 2005, 1803). SAP Murcia núm. 329/2004 (Sección 5ª), de 14 diciembre (AC 2005, 274). SAP Córdoba
núm. 91/2004 (Sección 2ª), de 27 abril (JUR 2004, 150621). SAP Valladolid núm. 124/2004 (Sección 3ª), de 7 mayo (JUR 2004, 181296).
SAP Ciudad Real núm. 353/2002 (Sección 1ª), de 29 octubre (AC 2002, 2317). SAP La Coruña núm. 635/2005 (Sección 6ª), de 30 diciembre
(JUR 2006, 82932). SAP Navarra, Sección 2ª, Sentencia de 2 Abr. 2007, rec. 34/2005. Ruidos, vibraciones, humos y olores. SAP Asturias
núm. 383/2003 (Sección 6ª), de 15 septiembre (JUR 2003, 235985). SAP Valencia núm. 176/2004 (Sección 7ª), de 26 marzo (AC 2004,
890). Ruidos, vibraciones y polvo. SAP Valencia núm. 297/2001 (Sección 6ª), de 30 abril (JUR 2001, 182408). Molestias aire acondicionado.
SAP Jaén, Sección 2ª, Sentencia de 16 Mar. 2007, rec. 83/2007. Ruidos, cámaras frigorífi cas de hipermercados. SAP Sevilla, Sección 6ª,
Sentencia de 23 Feb. 2006, rec. 7353/2005.
27
Resulta especialmente signifi cativa la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 23 de febrero de 2004, por la que se confi rma la tesis de que
el ruido puede llegar a representar una afección para los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar,
y a la inviolabilidad del domicilio, aparte de suponer una agresión al medio ambiente. La Sentencia parte de la doctrina expuesta en la STC
119/2001, de 24 de mayo, signifi cando que los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del
domicilio han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de
estos derechos fundamentales. Habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino
reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales,
sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible
la reciente Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. En la Exposición de Motivos se reconoce que «el ruido en su vertiente ambiental (...)
no ha sido tradicionalmente objeto de atención preferente en la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos del ruido en un sentido
amplio, y éste es el alcance de la ley». Luego se explica que «en la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo
43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica.
Además, la protección constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1». La jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hizo cargo de la apremiante exigencia, como se refl eja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990,
caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España; de 19 de febrero de 1998,
caso Guerra y otros contra Italia y de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros contra Reino Unido.
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