Revista nº 35, 3º trimestre año 2010 (PDF 5,11 Mb) - Asociación ...

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Revista de responsabilidad civil y seguro
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en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción
en que la sentencia estime que han sido afectados. En
los casos del artículo 6.º la indemnización se entenderá
comprendida en la herencia del perjudicado 47 .
La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,
estableció en su artículo 66 (en consonancia
con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
artículo 43 y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículo
55) que la indemnización de daños y perjuicios debida
al titular de la patente comprenderá no sólo el
valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el
de la ganancia que haya dejado de obtener el titular
a causa de la violación de su derecho. La cuantía
indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos
de investigación en los que se haya incurrido
para obtener pruebas razonables de la comisión
de la infracción objeto del procedimiento judicial 48 .
Para fi jar la indemnización por daños y perjuicios
se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre
ellas los benefi cios que el titular habría obtenido
previsiblemente de la explotación de la invención
patentada si no hubiera existido la competencia del
infractor y los benefi cios que este último haya obtenido
de la explotación del invento patentado. En el
caso de daño moral procederá su indemnización,
aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor
hubiera debido pagar al titular de la patente por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido
llevar a cabo su explotación conforme a derecho 49 .
Para su fi jación se tendrá en cuenta especialmente,
entre otros factores, la importancia económica del
invento patentado, la duración de la patente en el
momento en que comenzó la violación y el número
y clase de licencias concedidas en ese momento.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas
y asistencia a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual regula, por una parte,
las ayudas de contenido económico a las víctimas
de delitos violentos y, por otra parte, la asistencia a
las víctimas de todo tipo de delitos. El concepto legal
de ayudas públicas contemplado en esta Ley debe
distinguirse de fi guras afi nes y, señaladamente, de
la indemnización. No cabe admitir que la prestación
económica que el Estado asume sea una indemnización
ya que éste no puede asumir sustitutoriamente
las indemnizaciones debidas por el culpable del delito
ni, desde otra perspectiva, es razonable incluir el
daño moral provocado por el delito. La Ley, por el
contrario, se construye sobre el concepto de ayudas
públicas –plenamente recogido en nuestro Ordenamiento–
referido directamente al principio de solidaridad
en que se inspira.
Es bastante sorprendente la inclusión en el artículo
53, 2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid de la
siguiente norma: “En la imposición de sanciones
por el incumplimiento de deberes, prohibiciones
o limitaciones contenidos en las ordenanzas
por resolución motivada del órgano que resuelva
el expediente sancionador, se podrá sustituir la
sanción económica por trabajos en benefi cios de
la comunidad, la asistencia obligatoria a cursos de
formación, a sesiones individualizadas o cualquier
otra medida alternativa que tenga la fi nalidad de
47
“Artículo 6. 1. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido ejercitar por sí o por su representante legal las acciones
previstas en esta ley, por las circunstancias en que la lesión se produjo, las referidas acciones podrán ejercitarse por las personas
señaladas en el artículo 4º. 2. Las mismas personas podrán continuar la acción ya entablada por el titular del derecho lesionado cuando
falleciere”.
48
El número 1 del artículo 66 redactado por el apartado dos del artículo tercero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos
reglamentos comunitarios.
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El número 2 del artículo 66 redactado por el apartado dos del artículo tercero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos
reglamentos comunitarios.
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