Revista nº 35, 3º trimestre año 2010 (PDF 5,11 Mb) - Asociación ...

Revista de responsabilidad civil y seguro
editorial
La ausencia de tal consentimiento informado
–cuestión admitida por la Administración sanitaria–
determina reconocer el derecho de la
recurrente a ser indemnizada por este motivo,
pero no a la cantidad señalada por la misma en
su escrito de demanda (61.656,75 euros), que
se refiere a las secuelas padecidas, sino a la
cantidad en que esta Sala entiende, debe valorarse
el bien moral consistente en el derecho a
obtener la información referida en el apartado
anterior. Y ha de considerarse adecuada la cantidad
de 600 euros. A esta cantidad no cabe
añadirle intereses legales, ya que es una cantidad
liquidada en este mismo pronunciamiento
judicial”.
Después de leer estos argumentos, ya sí que
no entiendo nada, pues la falta de información
sobre la probable necesidad de un cambio
de calzado para toda la vida y sobre la existencia
de complicaciones, como la reducción
de movimientos, disfunciones nerviosas
sensitivas, infecciones o necrosis de la
cabeza de metatarsiano, sólo se hace merecedora
de una indemnización que no llega
al 10% del daño causado, aunque este no se
deba a una mala praxis médica directa, pero sí
a una falta de consentimiento informado. En ese
momento me acuerdo de una parte del prólogo
que María Castellano Arroyo y Enrique Villanueva
Cañadas, Catedráticos de Medicina Legal y Forense
de la Universidad de Granada, tuvieron la
gentileza de hacerle al libro “El consentimiento
informado en la práctica médica y el testamento
vital” (Ed. Comares, Granada 2002), que escribí
junto con mi mujer, médico especialista en nefrología:
“El Consentimiento y la Información necesaria
para que éste tenga validez jurídica son
ramas de un mismo tronco: la Autonomía de la
persona. El Principio de Autonomía tiene su origen
en el reconocimiento de la persona como
ser individual, dotado de racionalidad y libertad,
lo que la convierte en un ser diferente de lo físico,
en fuente de moralidad y en ordenadora de
todo lo que la rodea, para dirigirlo hacia su propio
perfeccionamiento. Reconocer esto signifi có
aceptar la dignidad del ser humano en sí mismo y
no en relación a la posición que ocupara en la organización
social, dignidad que es consustancial
a la persona y que deriva hacia una consecuencia
universal: todas las personas son igualmente dignas.
Este reconocimiento supuso el gran salto al
pensamiento moderno y dio origen al nacimiento
de los derechos individuales. La aceptación de la
dignidad de la persona basada en su capacidad
de comprensión, de raciocinio, de juicio y en la
voluntad libre o capacidad de elegir, ha llevado
en la relación médico-enfermo a que sea el enfermo,
siempre que su estado psicofísico lo permita,
quien tome las decisiones que considere más
favorables para su persona entre las alternativas
diagnósticas y terapeúticas que se le ofrezcan”.
La importancia que tienen los derechos de los
pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales
se pone de manifi esto al constatar
el interés que han demostrado por los mismos
casi todas las organizaciones internacionales con
competencia en la materia. Ya desde el fi n de la
Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones
Unidas, UNESCO o la Organización Mundial
de la Salud, o, más recientemente, la Unión Europea
o el Consejo de Europa, entre muchas otras,
han impulsado declaraciones o, en algún caso, han
promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos
o específi cos relacionados con esta cuestión.
En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia
de la Declaración universal de derechos
humanos, del año 1948, que ha sido el punto de referencia
obligado para todos los textos constitucionales
promulgados posteriormente o, en el ámbito
más estrictamente sanitario, la Declaración sobre
la promoción de los derechos de los pacientes en
Europa, promovida el año 1994 por la Ofi cina Regional
para Europa de la Organización Mundial de
la Salud, aparte de múltiples declaraciones inter-
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